La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a varias instituciones y entidades para que emprendan acciones que permitan descongestionar las estaciones de policía de Medellín, donde hay preocupantes niveles de hacinamiento de personas detenidas. Asimismo, pidió medidas para mejorar las condiciones en estos lugares y garantizar el respeto por los derechos de los privados de la libertad.
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La entidad del Ministerio Público, por medio de las delegadas de las áreas de Salud y Penitenciaria de la Regional Antioquia, adelanta visitas en varias estaciones de policía de la ciudad y ratificó la problemática que ha sido denunciada por meses: el hacinamiento en estos lugares es muy alto y desborda la capacidad de los uniformados a la hora de vigilar a ese número de personas en un mismo sitio que, además, es de carácter transitorio para los privados de la libertad.
En primer lugar, la Defensoría hizo un requerimiento al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) para que traslade a los sitios correspondientes a 761 personas condenadas que se encuentran todavía en estaciones de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá (Meval).
En este mismo sentido, le hizo un llamado a la Secretaría de Salud de Medellín para que haga jornadas de fumigación y eliminación de roedores en dichas estaciones y para que verifique las condiciones de salubridad en cada una.
En sus recorridos, la Defensoría encontró problemas como alimentación en condiciones no dignas, detenidos con enfermedades físicas (como tuberculosis) y psiquiátricas que no reciben atención y pocas baterías sanitarias para la cantidad de detenidos. Por esto, requirió a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios de Colombia (Uspec) para que actúe en aras de subsanar estas dificultades y garantizar condiciones dignas a los privados de la libertad.
El hacinamiento en las estaciones de policía también preocupa al Ministerio Público. De acuerdo con sus visitas, solo en las de Laureles, La Candelaria y Belén encontraron una sobrepoblación del 493%, 344% y 740%, respectivamente. Por ello, también pidieron a la Fiscalía General de la Nación que reciba a los capturados en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) hasta que se les legalice su situación.
Sobre esta problemática, el pasado 30 de octubre, tras la fuga de tres detenidos que estaban en una de las estaciones de policía, el coronel José Galindo, comandante operativo de Seguridad y Convivencia de la Meval, recordó que hasta ese momento había en la ciudad 2.131 personas detenidas, de las cuales 608 tenían calidad de condenadas, 1.848 sindicadas y 39 con medida de arresto domiciliario que no habían sido trasladadas a sus lugares de residencia por parte del Inpec.
“Esto representa que al día de hoy tengamos 1.488 detenidos más que los que permite nuestra capacidad de 643 cupos”, expresó Galindo en ese momento. Hoy, la Defensoría demuestra que esta situación no ha mejorado.
Estas visitas, que hace la Defensoría entre el 2 y 3 de diciembre en la capital antioqueña, están enmarcadas en las brigadas nacionales que desarrolla para verificar el estado de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, en especial de las que se encuentran en estaciones de policía, sitios no aptos para atender de forma permanente a esta población.
1/4 Hacemos un llamado a @INPEC_Colombia a trasladar a los 761 condenados que están en las estaciones de @PoliciaMedellin y a la Secretaría de Salud a realizar jornada de fumigación, eliminación de roedores y verificación de las condiciones de salubridad. pic.twitter.com/VUkStsgZi5
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) December 2, 2021