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Cuatro secretarías de Movilidad del Aburrá serán investigadas por la Supertransporte

En caso de hallarse responsables y no acatar la sanción, las secretarías podrían ser sancionadas con 700 salarios mínimos mensuales. FOTO ARCHIVO CAMILO SUÁREZ

POR CRISTIAN ÁLVAREZ

Se buscará determinar su responsabilidad en la falta de controles al transporte ilegal e informal.

TOMADA DE:https://www.elcolombiano.com/

Perfil - Juan Carlos Higuita - Violin

Ante las denuncias realizadas por ciudadanos, la Superintendencia de Transporte requirió a los organismos de tránsito de diez municipios del país —cuatro de ellos del Valle de Aburrá— en donde, al parecer, se han omitido controles eficaces en contra del transporte de pasajeros ilegal e informal.

Las secretarías de movilidad del Aburrá investigadas son las de Caldas, Copacabana, Itagüí y Sabaneta; mientras que las demás son las de La Tebaida (Quindío), Palmira, Yumbo (Valle), Sincelejo (Sucre), Tumaco (Nariño) y Villavicencio (Meta).

De acuerdo con un comunicado emitido por la Superintendencia, en las pesquisas iniciales se encontró méritos para formular cargos contra las 10 entidades por presuntamente no utilizar eficientemente sus recursos para mitigar esta problemática en sus jurisdicciones, hecho que va en contravía a lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley 336 de 1996.

Las secretarías (de encontrarse finalmente responsables por su omisión) podrán ser amonestadas y obligadas a adoptar medidas que refuercen la prestación del servicio formal y legal de transporte en sus respectivos municipios y/o ciudades. “En caso de incumplimiento a estas órdenes, los organismos podrán ser sancionados con multas de hasta 700 salarios mínimos mensuales legales vigentes”, señaló la superintendencia en el mismo texto.

Finalmente la Superintendencia de Transporte señaló que contra la decisión de apertura de investigación y formulación de pliegos de cargos no procede recurso alguno. Y aclaró que en el curso de las correspondientes investigaciones administrativas que se realizarán en los próximos días se decidirá la responsabilidad de cada investigado de acuerdo con los derechos fundamentales al debido proceso y el derecho de defensa.

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