Afirman que llevan ocho meses sin recibir el pago por los locales que usa la cadena de supermercados y denuncian presuntas irregularidades.
TOMADO DE: noticiascaracol.com
Más de 1.300 propietarios de locales en Colombia que arrendaron sus inmuebles a Justo & Bueno denuncian que la compañía dejó de pagarles desde abril de 2021. La empresa dice que debido a la pandemia y los paros se vio afectada y que ya adelanta un proceso con la Supersociedades.
Ómar Pérez, uno de los afectados, le dijo a Noticias Caracol que “el problema es que les arrendamos a los señores de Justo & Bueno y hasta el día de hoy nos adeudan 8 meses de arriendo. Aproximadamente somos 1.300 propietarios de locales a nivel nacional y la suma aproximada que ellos están debiendo son 120.000 millones de pesos en arriendo a nivel nacional”.
Diego Palacios, otra de las personas que afirma ser víctima de la cadena, señala que la respuesta que han recibido es “que están en trámite ante la Supersociedades”.
“Nuestra situación es que estamos endeudados con la DIAN, con Minhacienda, embargos jurídicos, acabamos de escuchar casos de personas que tienen deudas privadas, tal vez gota a gota, y tienen un problema terrible. Somos muchísimas familias que vendimos nuestro patrimonio para poder hacer una inversión y asegurar una pensión a nuestros padres o a nuestros suegros, estamos quebrados”, sostiene.
Por eso, los arrendadores hicieron una lista de peticiones a los dueños de Justo & Bueno, que pondrían en evidencia presuntas irregularidades de la empresa.
En ella solicitan que “hagan públicas las cifras que los llevaron a someterse a insolvencia, que se hagan públicas las cifras de pagos que han hecho a acreedores, que nos den explicación de los dineros sacados del país hacia Chile, que nos digan cómo tienen tiendas llamadas Mercurio bajo la misma figura de Justo & Bueno surtidas y las de Justo & Bueno quebradas y sin un solo producto adentro”.
En un comunicado, la compañía manifestó que “frente a la situación de los dueños de los locales es importante aclarar que las normas concursales y comerciales protegen la continuidad del negocio y, en ese sentido, evitan el desmembramiento de la empresa mientras se resuelve judicialmente la reorganización”.
El texto agrega: “En todo caso, una vez iniciado el proceso de reorganización bajo la ley 1116 de 2006, la empresa debe estar al día porque esa protección desaparece si hay incumplimientos en los pagos”.
