El presidente de la Corte Suprema, Iván Lenis, y el presidente Gustavo Petro.
La Corte Suprema de Justicia, presidida por Iván Lenis Gómez, aclaró que no ha limitado las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para adjudicar baldíos.
Tras la preocupación del presidente Gustavo Petro por una supuesta restricción a la reforma agraria, el alto tribunal enfatizó el 13 de mayo la necesidad de controles judiciales sobre la propiedad rural, reafirmando la competencia estatal en la adjudicación de tierras.
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Luego de que el presidente Gustavo Petro generara todo un problema a raíz de un concepto judicial sobre tierras baldías en el marco de la regulación a la reforma agraria que habría mal interpretado, la Corte Suprema de Justicia, presidida por Iván Lenis Gómez, aclaró que no ha puesto en duda las facultades de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) para adjudicar predios.
Sin embargo, el alto tribunal insistió en la necesidad de establecer controles judiciales claros sobre decisiones que afectan derechos de propiedad rural.
«La corporación es enfática en señalar que la adjudicación de los terrenos baldíos ha sido y es, como en los últimos 90 años, una facultad del Estado, y en el esquema actual, a través de la Agencia Nacional de Tierras», expresó el magistrado Lenis.
La Corte Suprema insistió en que la implementación del Acuerdo de Paz y las metas de justicia social del Gobierno no son incompatibles con el respeto a la propiedad privada ni con el cumplimiento de las normas vigentes.
La respuesta de la Corte se produjo luego de que, durante un acto en Cubará (Boyacá) por el reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado en el caso del pueblo indígena u’wa, Petro criticara un reciente pronunciamiento judicial sobre tierras baldías y asegurara que la decisión limitaba el alcance de la reforma agraria. El mandatario incluso pidió una revisión ante la Corte Constitucional.
En un comunicado, la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural explicó que sus observaciones fueron presentadas el 13 de mayo durante una sesión plenaria de la Cámara de Representantes, en la que participó como invitada para discutir el proyecto de ley que define las competencias de la jurisdicción agraria y establece el procedimiento especial para resolver disputas sobre tierras.
