El procurador delegado para los derechos humanos dijo que es la tercera alerta que hace sobre esta situación y aún no es atendida por el Gobierno.
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Tras la realización de la mesa de trabajo de la Procuraduría con líderes de la comunidad Lgbtiq+ en la subregión de los Montes de María y que tuvo como sede el municipio de San Juan Nepomuceno, el Ministerio Público advierte la persistencia de los hechos violentos en contra de esta población.
El procurador delegado para los Derechos Humanos, Javier Sarmiento, que lideró este encuentro al que también fueron convocadas las autoridades, denunció que no solo hay riesgo contra las vidas de los miembros de esta comunidad sino que también están siendo coaccionados para realizar el tráfico de drogas y la explotación sexual.
Sobre el negocio del microtráfico en esta región de Montes de María ya se había pronunciado la Defensoría del Pueblo a través de una recién emitida Alerta Temprana que cobija a toda clase de pobladores de los municipios de Sucre y Bolívar que hacen parte de esta zona
Dijo Sarmiento que a pesar de las acciones encaminadas por autoridades las amenazas contra la vida y violaciones a los derechos de la comunidad Lgbtiq+ aumentaron y se diversificaron en los municipios de Montes de María.
Recordó el asesinato de tres de sus líderes, atentados contra la integridad de otros seis, e incontables amenazas, y ahora “una creciente estigmatización por parte de algunos habitantes de estos municipios, promovida precisamente por los actores armados que buscan tener el control social y han “ordenado” en sus panfletos sacar a las mujeres trans de los lugares donde ejercen su trabajo y apartar a las personas LGBTIQ+ de otros espacios como escuelas y colegios, lo que se traducen en riesgo de salud metal y puede llevar a la deserción escolar o en algunos casos al suicidio de quienes lo padecen”.
La procuradora delegada para el Seguimiento para el Acuerdo de Paz, Zeneida López, también presente en la mesa de trabajo, reiteró el llamado a las autoridades para la priorización y atención de estas comunidades, reconocidas por la UARIV como sujetos de reparación colectiva desde el 2020, y que hasta ahora no han sido tenidas en cuenta.