Foto: AngloGold Ashanti.
Las comunidades de la subregión reiteran su llamado a defender el agua y la tradición del campo ante el avance de las actividades mineras.
La Agencia Nacional de Minería extendió hasta diciembre de 2027 la fase de exploración del proyecto de cobre Quebradona, a cargo de la multinacional AngloGold Ashanti entre los municipios de Jericó y Támesis.
La decisión ha generado profunda inconformidad entre los habitantes de la subregión, quienes advierten sobre los riesgos ambientales para esta despensa agrícola y cafetera.
De acuerdo con la entidad, este nuevo plazo permitirá a la compañía completar estudios geológicos, ambientales y de recursos hídricos, además de presentar una estrategia de relacionamiento con las comunidades. Sin embargo, en municipios como Jericó, las comunidades señalan que el proyecto ha representado un conflicto socioambiental de vieja data.
Según Lina Velásquez, líder social de Jericó, esta iniciativa intensifica el conflicto socioambiental que afrontan desde hace 18 años y desdibuja la identidad agrícola de la región.
«Muy cuestionable este cambio tan abrupto de la Agencia Nacional de Minería, pues, como desconocer un conflicto socioambiental tan complejo que ha ocasionado la empresa minera Quebradona en Jericó, desde hace más de 18 años, en donde las comunidades enfáticamente han expresado la importancia de conservar la vocación agrícola y campesina», afirmó.
Los pobladores y sectores defensores del territorio denuncian que la iniciativa nunca fue consultada adecuadamente, advirtiendo sobre posibles afectaciones a las aguas subterráneas y superficiales en una zona de tradición cafetera y agrícola.
«Para nosotros, habitantes del municipio de Jericó, Quebradona, ha sido desde hace cerca de 20 años un dolor de cabeza, porque nunca se consultó a las comunidades sobre la pertinencia de este proyecto que se vería afectado en la medida en que se afecten las aguas subterráneas y las aguas superficiales», manifestó Fernando Jaramillo, líder ambientalista de Jericó e integrante de la Mesa Ambiental del municipio.
Asimismo, han cuestionado los plazos y trámites institucionales que rodearon la prórroga, señalando tensiones frente a la protección de los recursos naturales y la vocación productiva de las montañas del Suroeste antioqueño.
«Esos funcionarios que emitieron la resolución le concedieron al nuevo gobierno esta prórroga para favorecer la política del gobierno nacional. Son funcionarios irresponsables que hacían parte del gobierno anterior y que, al momento de presentarse al nuevo gobierno, entonces revocan sus propias medidas para favorecer la política del nuevo gobierno», afirmó jaramillo.
Mientras la empresa minera avanza en los análisis especializados exigidos para definir los siguientes pasos del proyecto, las comunidades locales insisten en la defensa del agua y la vocación agrícola de la región, manteniendo la veeduría sobre el impacto de estas intervenciones en el territorio.
