Pese a que las alertas tempranas vienen desde 2020, el Estado fue incapaz de desactivar las amenazas que se cernían sobre varios territorios.

La Defensoría del Pueblo acaba de lanzar una preocupante alerta sobre la expansión del Clan del Golfo en Antioquia y la situación de derechos humanos en varias subregiones del departamento.
La Defensoría detalló que actualmente las poblaciones del Bajo Cauca, Nordeste, Norte y Suroeste, así como el Sur de Bolívar padecen actualmente el recrudecimiento del conflicto entre el Clan del Golfo (o EGC como ahora se hacen llamar), con las disidencias del frente 36 y el ELN, que está aliado con otras estructuras para combatir por el control de varias zonas estratégicas.
El episodio más reciente en medio de esta crisis humanitaria que sufre el departamento ocurrió en el municipio de Briceño, Norte de Antioquia, donde los enfrentamientos entre Clan del Golfo y disidencias del frente 36 dejaron 135 personas desplazadas que tuvieron que llegar hasta el casco urbano de Yarumal. Entre los desplazados hay 41 niños, niñas y adolescentes, así como 22 adultos mayores.
En medio de las acciones criminales, dos mujeres fueron secuestradas el 23 de enero y aparecieron muertas en la vía que conduce a Ochalí, corregimiento de Yarumal. Una comisión se desplazó a la zona para analizar si los hechos detrás de sus muertes y verificar si se tipifica como feminicidio.
La Defensoría reiteró que esta situación que padece Briceño que incluye enfrentamientos armados, desplazamientos y homicidios, evidencia el cumplimiento de la alerta temprana que emitió la entidad en enero de 2020 y luego en su informe de seguimiento en 2022. En dicha alerta se señalaba el fortalecimiento de la presencia de actores armados en la zona y el altísimo riesgo al que estaba expuesta la población civil.
Hoy, tal como lo reiteró la Defensoría, la expansión del Clan del Golfo sigue un ritmo acelerado y con una estela de sangre y muerte a su paso. En el municipio de El Bagre, Bajo Cauca antioqueño; en el corregimiento de Puerto López; y en la Serranía de San Lucas se intensificaron los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y una alianza que armaron el ELN, las disidencias del frente 36, liderados por “Calarcá Córdoba”.
La pugna que libran allí específicamente se debe al control de rutas estratégicas y yacimientos mineros, lo que ha dejado a su paso desplazamientos masivos, confinamientos, extorsiones y reclutamientos de niños, niñas y adolescentes. Entre los reportes que tiene la Defensoría están el desplazamiento de 42 familias en Bocas de Chicamoqué, 50 familias en la vereda El Socorro y cuatro familias en la vereda La Ahumada.
El Clan del Golfo también ataca al Suroeste
En otras zonas del departamento también se consolidaron las alertas tempranas que había hecho la Defensoría en 2023, evidenciando graves consecuencias para líderes sociales, campesinos, comerciantes y población migrante. Esta semana hubo enfrentamientos en Jericó, un municipio que no aparecía en el mapa de la confrontación entre ilegales, pero que vio como la pugna entre el Clan del Golgo y un grupo delincuencial terminó con la muerte de una mujer y la captura de un cabecilla del Clan, lo que desató zozobra entre la población.
Todos estos hechos, según la Defensoría, ratifican la expansión del Clan del Golfo no solo donde han sido históricamente hegemónicos, sino en zonas controladas por otras estructuras. Entre 2017 y 2024 el Clan del Golfo extendió su control en Chocó, Antioquia y Córdoba, enfrentándose a sangre y fuego principalmente con el ELN y estructuras criminales oriundas del Valle de Aburrá. En el Bajo Cauca, por ejemplo, libraron una cruenta guerra con el bloque Virgilio Peralta Arenas de la cual el Clan salió triunfante en 2022 confirmando su poderío en la zona.
El Clan del Golfo pasó de estar en 213 municipios en todo el país en 2019 a estar en 345 en 2024, es decir, ahora hacen presencia en el 62% del territorio nacional, lo que lo consolida como el grupo armado ilegal con mayor presencia en el país. En Antioquia están en el 53% del territorio, también las organizaciones sociales como la Mesa de Derechos Humanos del Oriente, han denunciado su irrupción en el Oriente antioqueño, donde están regando por varias cuencas fundamentales para la vida, el sustento y hasta para la generación de energía hidráulica los tentáculos de la minería ilegal de oro, llevando criminales y mineros desde el Bajo Cauca para que se establezcan en varios ríos del Oriente para desatar la devastación ambiental. Actualmente tienen una fuerza en total a nivel nacional de 14.000 criminales bajo su mando.
La Defensoría le pidió a las Fuerzas Armadas implementar medidas efectivas que garanticen la seguridad de la población y se garantice que no quedarán los civiles en medio de confrontaciones o sean víctimas de revictimizaciones estatales en medio de las operaciones de recuperación del territorio. También pidió que se activen medidas de prevención y respuesta ante la violencia contra las mujeres, atendiendo el enfoque diferencial. También hicieron un llamado a los ilegales para que respeten el derecho humanitario y permitan que las entidades y organizaciones que tienen como único fin atender a la población puedan llegar a las zonas en conflicto.
Aunque los diálogos del Gobierno con el Clan del Golfo, que es actualmente el gran “holding empresarial” del crimen en Colombia, con sus tentáculos en todas las rentas ilegales posibles y con influencia política en varias regiones (también tráfico de armas y tráfico de migrantes), por ahora no se conocen mayores avances en dichos diálogos.