Casa por cárcel para dos policías que habrían pedido la “liga” para la gasolina y devolver una moto

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La Fiscalía aseguró que uno de los policías habría recibido dinero para dejar en libertad a un ciudadano y otro para devolver una motocicleta.

La Fiscalía General de la Nación judicializó a los subintendentes de la Policía Nacional Bryan Stiven A.Á y Jhonny Alejandro C.C, señalados de presuntamente participar en actos de corrupción relacionados con la inmovilización y posterior devolución de una motocicleta en Medellín.

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Hora 13 Noticias

Según la investigación, los hechos ocurrieron en octubre de 2025 y estarían relacionados con procedimientos realizados en los barrios Trinidad y Belén. De acuerdo con el ente acusador, la madrugada del 16 de octubre el subintendente Bryan retuvo a un ciudadano que se movilizaba como acompañante en una motocicleta reportada como hurtada.

La Fiscalía indicó que el conductor fue trasladado hasta la estación de Policía de Belén, donde el uniformado le habría manifestado que, además del problema con el vehículo, su licencia de conducción era falsa. En ese contexto, presuntamente le exigió dinero argumentando que era necesario para suministrar combustible a una camioneta policial y, a cambio, dejarlo en libertad.

Las labores investigativas permitieron establecer que al policía le habrían consignado dinero en una cuenta bancaria que fue entregada al ciudadano retenido.

La investigación también señala que, dos semanas después, en la misma estación de Policía, el subintendente Jhonny Alejandro habría recibido otra suma de dinero para gestionar la devolución de la motocicleta a su propietario legítimo.

Adicionalmente, los investigadores establecieron que el vehículo inmovilizado no habría sido puesto a disposición de las autoridades judiciales, como exige el procedimiento legal.

Con base en los elementos recopilados, la Fiscalía imputó a Bryan el delito de concusión y a Jhonny el delito de cohecho propio. Ninguno de los cargos implica una condena y los procesados continúan amparados por la presunción de inocencia mientras avanza el proceso.

Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía e impuso medida de aseguramiento en lugar de residencia para ambos uniformados mientras se adelantan las investigaciones.