Hay preocupación por parte del gobierno de Panamá en la zona fronteriza tras el fortalecimiento de medidas de seguridad para deportar a esta población. En Urabá crece este flagelo.
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La grave crisis migratoria que de nuevo se ha vuelto a presentar en el Urabá antioqueño ha llevado a que las autoridades aumenten los controles y medidas de seguridad para evitar la vulneración de derechos de miles de personas que buscan cruzar el Darién con rumbo al norte del continente americano.
En medio de estas actividades, la seccional de Policía en Urabá confirmó la captura de dos ciudadanos ecuatorianos que fueron sorprendidos transportando de manera irregular en un bus de servicios especiales otras 21 personas de la misma nacionalidad.
Según indicó el coronel Alex Gerardo Suárez Cruz, comandante operativo de esta seccional, el vehículo fue requerido en un puesto de control de la Policía de Tránsito y Transporte en la ruta que comunica a Chigorodó con Dabeiba.
«Estos dos capturados son presentados ante la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico de migrantes y los ocupantes del vehículos presentados ante Migración Colombia», señaló el uniformado.
Este tipo de acciones de la fuerza pública se producen en medio de un panorama de incertidumbre con respecto a miles de migrantes que continúan varados en municipios como Apartadó, Mutatá, Turbo y Necoclí, pues aparte del desbordamiento en las capacidades de atención de las autoridades locales, está el endurecimiento en medidas de deportación por parte del gobierno panameño.
«Estamos ahora mismo en los procesos de contratación para deportar o expulsar mayor número de gente porque ante los flujos que tenemos de 352 mil personas a la fecha, tenemos que tomar estas medidas», indicó Samira Gozaine, directora de Migración Panamá.
Según la funcionaria, al día están llegando entre 3.000 y 4.000 migrantes que pasan la temible selva del Darién y terminan asentados en comunidades compuestas solo por 200 o 300 personas, acciones que agravan cada día la situación en el país vecino.
Ante esto, y tras descartar la opción de cierre de frontera, Gozaine explicó que se tomarán medidas más drásticas para el manejo de los migrantes, como construir espacios para contener a quienes ingresan de forma irregular al país y reducir el período de turismo de 90 a 15 días, además de ajustar las medidas en los puestos de control migratorio.
Si bien al ser deportados los migrantes son llevados hasta sus países de origen, estas medidas buscan que los migrantes irregulares que esperan llegar hasta los Estados Unidos detengan su impulso, problema que podría aumentar la cantidad de personas varadas en los municipios del Urabá antioqueño y que tendrían que ser atendidas por el gobierno departamental y nacional.