La expansión irregular está aumentando el consumo ilegal de agua, los vertimientos a fuentes hídricas, la tala de árboles y la degradación de los suelos.
Fue en los últimos cuatro años cuando la olla que acumuló presión durante una década en Santa Elena finalmente estalló. El problema al que muchos le hicieron el quite convenientemente recayó en la corregidora Eliana Katherine Gómez, quien entregó el cargo hace un mes.
En su lucha contra el caos urbanístico en Santa Elena, Gómez Mejía materializó doce demoliciones, 15 remociones a procesos constructivos que pretendían levantarse en zona de reserva y le dejó listo al nuevo corregidor, Giovanny Alzate, otros 12 procesos de demolición que el funcionario deberá ejecutar sin dilaciones.
Cómo es natural, la cruzada de Gómez Mejía contra las construcciones ilegales le valió numerosos enemigos en Santa Elena. Y no era para menos. Cuando se posesionó en septiembre de 2020 encontró más de 600 expedientes por procesos urbanísticos, de los que solo quedaron por definir 234. Y en su periodo, únicamente en trámites de infracciones urbanísticas, abrió 537 procesos en su mayoría en etapa avanzada o cerca de resolverse.
Pero los problemas urbanísticos y ambientales que enfrenta el corregimiento calificado como el gran pulmón verde de Medellín están lejos de solucionarse. El crecimiento irregular y las construcciones ilegales colapsaron la capacidad de los servicios públicos. Gómez Mejía enfatizó que en los últimos años se consolidaron barrios enteros levantados de manera irregular en todo el territorio, y particularmente en veredas como Barro Blanco, Piedras Blancas y El Llano. Barrios con una situación de salubridad crítica sin suministro de agua suficiente, con mal manejo de pozos sépticos y contaminaciones de todo tipo al suelo y a los afluentes de agua.
Hay un dato que es demoledor. Según las cifras que manejan los seis acueductos veredales, las conexiones legales al servicio apenas sobrepasan las 5.000 suscripciones. Según la forma en la que la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básica calcula la cantidad de usuarios conectados al servicio, esta cifra arroja que unos 21.000 usuarios acceden al suministro de los acueductos de manera legal. El gran problema es que a diciembre de 2023 la cifra de habitantes en Santa Elena era de 32.855, sin contar la población flotante que llega cada fin de semana para hacer uso de los servicios turísticos y que alcanzan las 10.000 personas.
Quiere decir que más del 30% tiene conexión pirata y no paga por el agua y los servicios que consumen.
Pero el problema no se limita a la escasez de agua para abastecer la desbordada demanda.
Según explicó el subdirector de Sostenibilidad de Corantioquia, Arbey Osorio, los vertimientos directos de aguas residuales a las fuentes, a la quebrada Santa Elena y todas sus tributarias, generan un profundo daño en cadena a los habitantes que consumen el agua que proviene de esas fuentes, y además incrementan los costos de tratamientos para sanearlas de esas cargas orgánicas, un golpe financiero y técnico que va haciendo mella en los acueductos veredales poniendo en serio riesgo su continuidad.
Pero las presiones ambientales por la expansión irregular en Santa Elena no la padecen únicamente las fuentes hídricas. Corantioquia reportó que tiene hasta la fecha 841 trámites activos relacionados con vertimientos, aprovechamiento forestal, concesión de aguas, ocupación de cauces y licencias ambientales.
Además impuso este año once medidas preventivas sancionatorias por aprovechamiento irregular de recursos naturales.
Osorio señala que como autoridad ambiental buscan trabajar en llave con el Distrito de Medellín para que este último lidere todo el componente de control urbanístico; y la corporación, como autoridad ambiental, se encargue del manejo de permisos y licencias.
En este último aspecto, el subdirector asegura que han fortalecido los controles y requisitos y en muchos casos han negado permisos en materia ambiental para construcciones de proyectos de vivienda teniendo en cuenta las densidades por la capacidad máxima alcanzada en muchas zonas. También apunta que han arreciado los controles a negocios como hoteles, glampings, y demás establecimientos turísticos cuyo incremento también ha sido desmedido en el corregimiento.
Entre los últimos casos de mayor impacto están el de Ecoaldea, un proyecto de vivienda gigantesco en el sector Media Luna que destruyó a su paso con capa vegetal u horizonte orgánico, rico en minerales, materia y ceniza volcánica, lo que lo hizo acreedor de una multa de $79 millones.
El próximo año la alcaldía de Federico Gutiérrez tendrá a responsabilidad de liderar parte de las soluciones de fondo con la revisión parcial que se hará del Plan de Ordenamiento Territorial. Las medidas que allí se tomen respecto a los problemas que padece Santa Elena deberán ser de inmediata ejecución para desacelerar el descontrol urbanístico, a la espera de la actualización de fondo del POT en 2027, cuando de las decisiones que se tomen respecto al uso del suelo determinarán si Santa Elena sigue siendo viable como pulmón verde o sigue su tránsito a convertirse en un territorio fallido.
Vista aérea del corregimiento de Santa Elena, al oriente de Medellín.
