Juan Felipe Zuleta Valencia
La reversa del contrato libra a Emvarias de un negocio que pudo haberla llevado a la quiebra.
El contrato de carros para el modelo de cargue lateral en la recolección de residuos sólidos en Meellín, uno de los grandes encartes que les dejó la pasada alcaldía de Daniel Quintero y anterior gerencia de Emvarias a las actuales administraciones, por fin se logró reversar, tras meses de denuncias de EL COLOMBIANO confirmadas luego por el propio alcalde Federico Gutiérrez y el actual gerente de EPM, John Maya, que dieron cuenta de la dimensión del problema en el que había quedado envuelta Emvarias con un negocio que pudo haberla llevado a una crisis financiera sin retorno.
Pues buen, tal como lo anticipó EL COLOMBIANO, el alcalde Federico Gutiérrez finalmente anunció de que la administración Distrital y gerencia de EPM lograron echar para atrás el contrato que la administración Quintero dejó listo en diciembre con la empresa Themac, que tiene detrás al empresario catalán Manuel Grau, cercano al presidente Gustavo Petro.
El asunto es que, una vez desembarcó la nueva gerencia de EPM lo primero que hizo al revisar la situación de Emvarias fue advertir la extensa cadena de irregularidades que tenía el contrato con Themac para adelantar un piloto de cargue lateral, que pese a tener todas las condiciones desfavorables y de haber recibido todos los argumentos técnicos en contra, aún así siguió adelante y se firmó por $199.600 millones.
Todo este embrollo se remonta a agosto de 2022, cuando el entonces gerente de Emvarias, Carlos Borja, fue a la junta directiva a pedir $135.383 millones de vigencias futuras excepcionales para poder llevar a cabo un piloto de cargue lateral para contratar una serie de vehículos que, a diferencia de los carros actuales que recogen la basura con contenedores traseros y con apoyo manual, tienen su acopio a un costado y lo hacen de manera mecánica levantando unos contenedores especiales anclados al pavimento. El extraño piloto con el que Borja se obsesionó tenía un plazo, aún más extraño para un piloto, de siete años.
Pero la aprobación de esa plata no bastó. Ya Emvarias había lanzado una invitación privada a cinco firmas, pero extrañamente solo una respondió: Themac, que ofrecía cuatro compactadores de carga lateral, cuatro ampirrol con remolques, una flota de 16 cajas para chasis, dos lava contenedores y 1.660 contenedores de 3.200 litros por un costo de $251.000 millones. En lugar de pedir ajustar los precios de la propuesta, Borja fue a pedir más vigencias futuras extraordinarias para completar la plata que les pedía Themac, y la junta directiva volvió a aprobárselas.
Desde entonces, los propios funcionarios de carrera de Emvarias empezaron a elevar una serie de advertencias señalando que este piloto carecía de soporte técnico, podía llevar a la quiebra a la entidad, desencadenar aumentos en la tarifa que paga el usuario y que aparecía como un gasto inoficioso cuando Emvarias tenía otras prioridades, como la construcción del nuevo vaso del relleno sanitario La Pradera.
Mientras todo eso ocurría, en público, el alcalde Daniel Quintero no perdía oportunidad para alabar las “bondades” del cargue lateral y vender la idea de que supuestamente iba a llevar a Medellín hacia el futuro en cuanto a recolección de basuras.
Las denuncias llegaron a manos de la Procuraduría, que en julio de 2023, le pidió a Emvarias abstenerse de tomar cualquier decisión de tipo contractual frente a este proyecto de cargue lateral” hasta tanto el Ministerio Público no investigara de fondo las actuaciones y los soportes que llevaron a la Junta Directiva a dar vía libre para destinar más de $251.000 millones en un proyecto que presenta irregularidades.
“En observancia de las múltiples notas en medios de comunicación frente a la contratación de este proyecto, esta Procuraduría Delegada exhorta a la entidad a suspender los trámites de contratación, hasta tanto no se haya efectuado un análisis riguroso de la información solicitada por este ente de control”, señalaba la Procuraduría.
Pero eso no frenó a Borja ni a Quintero. Y tras lograr algún resquicio jurídico con el que podían seguir adelante y encontrar un concepto que le permitía “quitarse de encima” a la Procuraduría, el negocio siguió adelante. El 25 de septiembre de 2023, Quintero anunció con bombos y platillos que ese contrato era una realidad y que comenzaría a operar antes de finalizar el año en Laureles y el Centro, antes de extenderse por toda la ciudad (aunque, de hecho, después se sabría que eran las únicas zonas donde el cargue lateral podría servir porque solo funciona en terreno completamente llano).
Pero no todo les salió como esperaban. Las propias inconsistencias técnicas para firmar el contrato hizo que tuvieran que postergar su firma y además la presión mediática, la lupa de la Procuraduría y la propia compleja situación financiera de Emvarias los obligaron a reajustar el contrato y firmarlo por $199.600 millones.
Pero ya para entonces el mandato de Quintero estaba en sus últimos días y en medio de renuncias y salidas de altos funcionarios, el propio Carlos Borja, que desde 2022 lideró sin descanso que este negocio se pactara, elaboró un concepto que vino a conocerse durante el empalme a escasos días de abandonar el poder. “Dadas las proyecciones financieras de la empresa y la tarifa aprobada por la CRA (Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico) para la disposición final, se considera un riesgo elevado perfeccionar el contrato, pues la tarifa no cubre los costos del proyecto, dejando unas proyecciones financieras desfavorables”, planteó Borja.
El nuevo gerente de EPM, Jhon Maya, encontró en el empalme que el contratista no había logrado entregar las pólizas exigidas para el acta de inicio, a pesar incluso de la cantidad de gabelas y prórrogas que le dio Emvarias. Pero esto fue una “tabla de salvación” para la empresa pues al no haber acta de inicio se abrió la puerta para reversar el contrato.
Así que Maya, una vez ya en el cargo, le pidió a la Procuraduría en los primeros días de enero que hiciera acompañamiento, al tiempo que le pidió a la nueva junta directiva revisar con lupa toda la cadena de irregularidades que habían ocurrido alrededor del polémico negocio.
Ahora, más de tres meses después, fuentes le confirmaron a EL COLOMBIANO que las acciones que adelantaban para frenar el contrato finalmente surtieron efecto, aunque todavía falta ver si habrá cabida a demanda de Themac para buscar ser reparada extracontractualmente, al ya haberse firmado carta de aceptación de oferta.
En todo caso, Emvarias logra zafarse de un negocio que pudo haberla llevado a la quiebra. Hay que recordar que justamente hace una semana EPM realizó un primer desembolso de más de $16.000 millones a su empresa filial, en el marco de una capitalización por cerca de $300.000 millones que tiene como objetivo aliviar su maltrecha situación financiera y permitirle que finalmente pueda llevar a cabo lo que era prioridad desde hace cuatro años: la ampliación del relleno sanitario, que la alcaldía Quintero dejó a un lado (a pesar de tener licencia ambiental para hacerla desde mediados de 2022) para poder llevar a cabo este negocio que siempre tuvo prendidas las alertas y que, además del futuro de la empresa, le pudo costar a la ciudadanía un aumento impagable en la recolección de residuos sólidos.