Camilo Acosta Villada
Tres historias de pacientes muestran el efecto dominó por insuficiencia de recursos que está afectando la prestación de servicios de salud en el país y por lo cual se están incrementando las tutelas y el gasto de bolsillo.
La vida de Jaime Arango, periodista de esta casa editorial, cada vez cambia más. El sueño, el desarrollo de sus actividades cotidianas y su trabajo como reportero tienen un acompañamiento que lo persigue como su sombra: el dolor. El diagnóstico de lupus eritematoso —enfermedad autoinmune— llegó a un punto en el que afectó su cadera y, por tanto, su movilidad.
La solución, según los reumatólogos que lo han tratado, es una: cirugía de prótesis de cadera derecha. Un proceso que debió culminar en junio pasado con la intervención y, para septiembre, debería terminar la recuperación.
Sin embargo, una serie de demoras con su aseguradora, Nueva EPS, lo tienen al sol de hoy esperando. “Pasaron dos meses y nunca recibí notificación de cuándo sería la operación, así que fui a principios de agosto a la Clínica Las Vegas para averiguar y me notifican que no tenían convenio con mi EPS y que tenían que empezar otra vez el proceso”, dijo.
Así las cosas, a Jaime le tocó iniciar de nuevo el camino que venía allanando desde noviembre de 2023. Con el agravante de que le toca pedir cita para junta médica (para aprobar de nuevo su cirugía), que “es un proceso que fácilmente se puede demorar otros seis meses o más y no he podido conseguir esa cita”.
Y mientras espera, sigue viendo cómo su calidad de vida se deteriora. “Llevo más de un año usando un bastón y tengo limitación para funciones básicas como amarrarme los zapatos o ponerme las medias; no puedo estar más de cinco minutos sentados porque el dolor me hace levantar; el sueño se trastornó totalmente, pues no puedo pasar más de dos horas seguidas durmiendo porque el dolor me despierta con cualquier movimiento”, contó.
Todo esto, además de afectarle su trabajo como periodista, le ha hecho daño psicológicamente, ya que “es una frustración ver que ni puedo hacer una caminada de dos cuadras porque la pierna no me da”.
Aunque bien reza el dicho que para un mal caso hay otro bueno, lo cierto es que el número de quejas y de tutelas por el acceso a los servicios de salud se ha incrementado.
Un informe del centro de pensamiento Así Vamos en Salud reveló que en el primer cuatrimestre de 2024 el número de tutelas que se interpusieron invocando protección del derecho a la salud subió en un 42 % en comparación al mismo periodo de 2023. Las que más subieron fueron las relacionadas con el suministro de medicamentos, con un 77,5 %, seguida por la asignación de citas y la práctica de procedimientos médicos.
Sobre los problemas en la entrega de fármacos también hay varios botones de muestra. En una consulta sobre estas barreras de acceso que hizo este diario en sus redes sociales, la entrega de medicamentos fue de las más comunes.
Así es el caso de Viviana, quien relata que desde inicio de año empezó a tener problemas con los fármacos que le recetan a su madre (afiliada a Savia Salud) para tratar la artritis reumatoide seropositiva.
“Nos decían que no había medicamentos y le despachaban los más económicos. Luego nos decían que lleváramos las fórmulas a la sede de Savia en Barbosa para que nos los enviaran a la casa. Tampoco pasó así y tuve que ir a Medellín, pero seguía faltando un medicamento”, expresó.
Así mismo, recordó que se demoraron tres meses en darle una cita de control porque no había agenda.
Si bien el sistema de salud de Colombia nunca ha sido perfecto —como cualquiera en el mundo—, con el paso de los años después de entrada en vigencia la Ley 100 de 1993, el país destacaba porque los tiempos de espera para citas con especialistas eran más cortos que los de Canadá, Francia, Noruega y Suecia.
Sin embargo, más allá del camino fácil de señalar que las EPS han tenido este comportamiento históricamente, lo cierto es que en el contexto actual hay varios elementos que tienen al sistema envuelto en una crisis de incertidumbre y de insuficiencia de recursos. Dos elementos cuyas consecuencias están afectando, como lo muestran los testimonios de Jaime y Viviana, la último eslabón de la cadena: los pacientes. Una categoría en la que todos podemos estar en algún momento de la vida.
Incluso desde antes de que Gustavo Petro llegara al poder, los gremios de las EPS y estudiosos de la salud venían advirtiendo que la plata que el Estado les da a las EPS para la atención en salud de los usuarios se estaba quedando corta y que debía ser recalculada.
Una vez posesionado el “Gobierno del Cambio” y en los años que han pasado, desde el presidente Gustavo Petro hasta el último tuitero con aguacates y abejas en su perfil han sostenido que la plata sí les alcanza y que no la ejecutan de manera eficiente.
No obstante, expertos consultados por EL COLOMBIANO apuntan a que el problema viene desde el proveedor de la plata: el Estado. Y que el Ejecutivo niegue la insuficiencia que aquejan las EPS, genera un efecto dominó en el que, ante la falta de recursos, se empiezan a demorar y represar servicios de salud, así como a verse afectada la red prestadora.
“Cuando una EPS empieza a tener problemas de plata, lo que hace es alargar pagos a sus proveedores, contratar menos, y alargar tiempos de espera, pero ahora eso se volvió algo de todo el sistema”, apuntó el profesor e investigador en salud de la Universidad del Rosario, Paúl Rodríguez.
Aunque la explicación técnica es compleja, la repercusión fáctica la muestra mejor.
Un ejemplo es la experiencia de Miryam Villada (de 66 años afiliada a Famisanar), quien llevaba un año gestionando —entre largas esperas y hasta pagando radiografías de su bolsillo— citas con especialistas y subespecialistas para un dolor en el hombro.
Cuando logró dar con las citas, los médicos le ordenaron una operación en el músculo supraespinoso, que le venía causando dolor e incapacidad de movimiento del brazo.
Pero en julio pasado, cuando estaba alistando los documentos para gestionar la autorización, el profesional que la venía evaluando le dijo que no podía seguir atendiéndola porque la IPS (institución prestadora de servicios de salud) en la que trabajaba no tenía contrato con su EPS.
El exsuperintendente de Salud Fabio Aristizábal califica estas situaciones como la materialización de “la crisis explícita que anunció la exministra Carolina Corcho para poder salir a decirles a los colombianos que las EPS son las culpables de lo que está pasando”.
Ante esto, explica que esto es producto de la asfixia por parte del Gobierno a las EPS y al sistema, que “repercute en que tiene menos capacidad financiera y de contratación, que significa menos red médica, menos prestadores de servicios, menos proveedores y todo eso se va convirtiendo en una falla sistémica”.
Lo anterior se resume en que entre menos plata para las aseguradoras, menos capacidad de contratar con hospitales y clínicas que atiendan a sus afiliados y mayor probabilidad de que, ante las deudas que adquieran, las IPS no celebren convenios con esas aseguradoras.
Entre tanto, el investigador del área de salud de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, Giovanni Jiménez, explica que esta crisis “la acelera la reforma a la salud, en la que dicen que las EPS van a cambiar sus funciones y que no van a manejar recursos como antes. Eso genera un ambiente de incertidumbre en el que no se sabe si vale la pena invertir plata en el sistema y que termina afectando la confianza entre IPS y EPS por el problema financiero de los pagos”.
No en vano la organización Pacientes Colombia expresó que “se está materializando un apagón del sistema por la falta de gestión del Gobierno” y que “si Hacienda no mejora el recaudo, la afectación se traduce en la vida de pacientes y en su calidad de vida”.
Y como si faltara algo para hacer ese panorama más complejo, los datos del Producto Interno Bruto (PIB) del segundo semestre de 2024, que mide el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), muestran que el de salud fue el segundo gasto que más creció en el consumo de los hogares, comparando el segundo trimestre (abril a junio) de 2024 y el mismo periodo de 2023. En ese tiempo el gasto en salud subió un 5,1 %.