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El documento de la Corte reconstruye los encuentros que ambos sostuvieron durante cerca de siete meses, las conversaciones que mantuvieron mientras ella tenía a su cargo la investigación contra el mandatario y las presuntas solicitudes indebidas que hoy son materia de investigación.
Durante siete meses, la representante encargada de investigar al presidente Gustavo Petro sostuvo reuniones privadas con Alejandro Carranza, defensor del presidente, intercambió mensajes con él e, incluso, le entregó un documento reservado del proceso que adelantaba en la Comisión de Acusaciones. Todo permaneció en silencio hasta que la congresista firmó el auto con el que intentó suspender al jefe de Estado. Solo entonces el Gobierno denunció lo que, según hoy reconocen sus propios funcionarios, llevaba meses ocurriendo.
Lo que comenzó como una denuncia penal contra la exrepresentante a la Cámara Gloria Arizabaleta terminó destapando otro posible escándalo para el gobierno saliente.
El posible entramado quedó detallado en el documento con el que la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió investigación formal contra la excongresista del Pacto Histórico Gloria Arizabaleta. Dentro del expediente quedaron las declaraciones entregadas por el abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza; el ministro de Hacienda, Germán Ávila; y la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), Nhora Mondragón.
Esas declaraciones reconstruyen una cadena de encuentros reservados, conversaciones privadas y presuntas solicitudes irregulares ocurridas entre octubre de 2025 y junio de 2026, mientras la congresista tenía bajo su responsabilidad la investigación por la presunta financiación ilegal de la campaña presidencial de 2022.
De acuerdo con esos testimonios, el primer acercamiento ocurrió entre octubre y noviembre de 2025. Carranza y Arizabaleta acordaron almorzar en un restaurante de Chapinero, en Bogotá, que contaba con salones privados. Según declaró el abogado, fue allí donde la representante le planteó que actuara como enlace con el Gobierno Nacional y facilitara un acercamiento político.
Ante la Corte, Carranza aseguró que la congresista le habló de realizar “gestión política” alrededor de los procesos que cursaban contra el presidente Petro en la Comisión de Acusaciones y que el propósito era cerrarlos antes de que cambiara el Gobierno.
A pesar de la gravedad de esa afirmación, el abogado no acudió a las autoridades. Tampoco dejó constancia pública de lo sucedido ni rompió cualquier canal de comunicación con quien tenía la misión constitucional de investigar a su cliente.
La relación continuó. El 27 de enero de 2026 ambos volvieron a encontrarse, esta vez en la residencia de Arizabaleta, ubicada en un condominio sobre la vía Bogotá-La Calera. Fue un desayuno que se prolongó durante más de tres horas. Ante la Corte Suprema, Carranza sostuvo que la representante insistió en que él debía servir como puente para acercarla al Gobierno Nacional. Nuevamente, escuchó una propuesta que consideró irregular, pero tampoco la denunció.
Mientras esos encuentros se desarrollaban, la congresista también sostenía reuniones con altos funcionarios del Gobierno. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y la directora del DAPRE, Nhora Mondragón, reconocieron ante la Corte que compartieron espacios privados con Arizabaleta, incluso dentro de la Casa de Nariño. Ambos afirmaron que durante esas conversaciones la representante solicitó el nombramiento de una alta funcionaria en la Fiduprevisora. Pese a considerar improcedentes esas peticiones, ninguno de los dos presentó una denuncia en ese momento.
“La representante pretendía eran millones y buscaba un acuerdo corrupto a cambio de votos favorables en la Comisión de Acusaciones”, dijo el ministro ante la Corte.
“En la presente actuación obran elementos que permitirían inferir que Gloria Elena Arizabaleta Corral, en primer lugar, habría realizado solicitudes o exigencias al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila Plazas, y al presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego; en este último caso, de manera indirecta a través de su abogado, Pedro Alejandro Carranza Cepeda. En ambas situaciones, las solicitudes o exigencias presentadas por la aforada tendrían un vínculo con la adopción de decisiones y el curso de actuaciones contra el presidente de la República en el seno de la Comisión de Investigación y Acusaciones”, se lee en el auto revelado por El Tiempo.
La investigación también revela que durante esos meses existió un canal de comunicación directo entre Arizabaleta y Carranza mediante mensajes de chat. Según el material, la representante llegó a remitirle un documento interno de la Comisión de Acusaciones relacionado con el proceso que ella misma adelantaba contra el presidente Petro, información que terminó en poder del abogado de quien estaba siendo investigado.
El último encuentro entre ambos ocurrió el 8 de junio de 2026. Carranza y Arizabaleta almorzaron durante poco más de una hora en un restaurante Buffalo Wings, ubicado en el occidente de Bogotá. Dos días después, la representante sorprendió al país al expedir un auto mediante el cual ordenó suspender al presidente Gustavo Petro de su cargo.
“Ella hizo cuentas de que hay un representante que está en la cárcel; me habló de los del Centro Democrático. «Ellos, pues, por ser Centro Democrático, van a votar en contra. Entonces ahí somos cuatro o cinco. Ustedes tienen que mirar cómo lo hacen». Inclusive me dijo que, dado el caso, ella podía retirar su salvamento de voto. Yo le dije todo el tiempo: «Esto me parece que no es conveniente, doctora; esto es irregular, debería pensarlo bien». Y ella me dijo: «No, eso está en manos de ustedes; ya es un tema de ustedes; tienen que negociar»”, reveló El Tiempo sobre la respuesta de Carranza ante la Corte.
En su testimonio, el abogado insistió que siempre le dejó claro a la representante que se limitara a temas de su resorte: «(Arizabaleta Corral) dijo una palabra supremamente gruesa: “Es que Germán es una gonorrea”. […] Le dije: “Doctora, ¡ese vocabulario con esa boca, por Dios!”. O sea, nos miramos con el doctor Corzo (Ordóñez) y nos dio una risa, como incómoda, de escuchar esa palabra. (Arizabaleta Corral) dijo: “Sí, es una gonorrea porque yo he hablado con él y no me ha cumplido”. […] Le dije: “Nuevamente, doctora, recuerde que yo no me quiero meter en nada de eso. No quiero saber nada. Conmigo hable de derecho, hable de decisiones, hable de resoluciones, hablemos de los debates en el proceso en la Comisión, pero no puedo saber eso”. Entonces me dijo: “Pues esto depende ya de ustedes […] porque ustedes tienen que negociar”. […] Le dije: “Doctora, yo voy a buscar las mejores palabras para tratar de transmitirle esto al presidente [Petro Urrego], pero esté segura de que el presidente va a decir que esto es una extorsión”», se lee en el testimonio de Carranza.
Fue a partir de ese momento cuando la historia dio un giro. En la tarde y la noche del 9 de junio, Carranza y el ministro Germán Ávila se reunieron con el presidente Petro para ponerlo al tanto de lo que, aseguran, había ocurrido durante los siete meses anteriores. Ambos le relataron las reuniones sostenidas con la congresista y le manifestaron que, según su percepción, Arizabaleta pretendía obtener millonarias sumas de dinero y alcanzar un acuerdo corrupto a cambio de decisiones favorables dentro de la Comisión de Acusaciones. De acuerdo con esos testimonios, la reacción del mandatario fue inmediata: “Ella es una extorsionista”.
Solo después de esa reunión el Gobierno decidió presentar la denuncia penal contra la representante, siete meses después de los primeros encuentros y de las presuntas solicitudes que ya habían sido formuladas desde finales de 2025.
Con base en toda esa información, la Corte Suprema busca establecer si la congresista incurrió en conductas delictivas al solicitar dinero, cargos o beneficios políticos mientras adelantaba una investigación contra el presidente de la República. También intenta esclarecer por qué el abogado del mandatario y dos de los más altos funcionarios del Gobierno, quienes aseguran haber conocido esas presuntas irregularidades desde meses atrás, guardaron silencio y solo acudieron a las autoridades cuando la relación con la investigadora se rompió tras su decisión de intentar suspender al jefe de Estado.
“Grave que ahora se ataque al denunciante y a la víctima, eso tiene un costo procesal alto, y quien le filtra lo sabe. Informaré a la Corte su participación en el ataque al denunciante porque lo que usted hace no es periodismo, de eso podemos estar seguros. Lo que usted hace es reescribir mi denuncia para cambiar la narrativa, pero aquí se equivoca; entre usted y yo sabemos que el corrupto es usted. ¿Cuánto cobró por este trino?”, escribió el abogado Carranza luego de que el periodista Melquisedec Torres hiciera públicos algunos apartes del auto de apertura de la Corte Suprema.
En todos los encuentros también estuvo presente Jairo Fabián Corzo Ordóñez, secretario de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Durante su declaración ante la Corte manifestó que desconocía el contenido de las conversaciones sostenidas entre Arizabaleta y los funcionarios del Gobierno y aseguró que su asistencia obedecía exclusivamente a asuntos administrativos que debía tratar con la representante.
