El número de sacerdotes católicos arrestados desde el 20 de diciembre en Nicaragua ascendió a 14, denunciaron el lunes religiosos y activistas humanitarios nicaragüenses en el exilio, en el marco de una ola de detenciones de clérigos por la que el papa Francisco expresó preocupación.
El sacerdote Gustavo Sandino, párroco en el municipio de Santa María de Pantasma, en el norteño departamento de Jinotega, fue detenido el último día de 2023.
Esta oleada de arrestos inició con la detención del obispo de Siuna, Isidoro Mora, el 20 de diciembre, según un listado de la abogada especialista en temas de la Iglesia, Martha Molina, exiliada en Estados Unidos.
El papa Francisco dijo este lunes que sigue “con profunda preocupación lo que está sucediendo en Nicaragua, donde obispos y sacerdotes han sido privados de su libertad”, tras el tradicional rezo del Ángelus en la plaza de San Pedro del Vaticano.
Francisco, primer pontífice latinoamericano de la historia, instó a “la oración insistente” a los fieles que le escuchaban desde la Plaza de San Pedro del Vaticano y “a todo el pueblo de Dios”.
“Mientras, espero que se busque siempre el camino del diálogo para superar las dificultades. Rezamos hoy por Nicaragua”, terminó.
Ni el régimen de Daniel Ortega ni la policía se han referido a la situación de los religiosos.
El portal gubernamental El 19 Digital resaltó en cambio el lunes una masiva vigilia de fin de año de miles de evangélicos del “Ministerio Ríos de Agua Viva”, realizada en el sureste de Managua con apoyo de la policía, los bomberos y la alcaldía capitalina.
“El papa Francisco ha recordado con preocupación a nuestros obispos y sacerdotes secuestrados por la dictadura y a sus familias (…) también ha orado por ellos y ha pedido orar por Nicaragua. ¡Gracias Santo Padre!”, dijo en la red social X (antes Twitter) el obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, que por petición del Vaticano salió del país el 2019.
Con Mora suman dos los prelados en prisión. Monseñor Rolando Álvarez, quien está detenido desde agosto de 2022, fue condenado el 10 de febrero a 26 años acusado de traición a la patria y ha preferido la cárcel al exilio.
La relación entre la Iglesia y el gobierno se deterioró durante las protestas del 2018, luego de que Ortega acusara a religiosos de apoyar a los opositores en lo que consideró un intento de golpe de Estado.
Las protestas con bloqueos de carreteras y choques entre opositores y partidarios del gobierno dejaron más de 300 muertos, según datos de la ONU.