ARGENTINA:
Los legisladores argumentan que, al estar investidos por el voto popular, pueden concurrir “sin previo aviso ni autorización”.
Diputados y senadores kirchneristas desafiaron hoy al tribunal que le impuso arresto domiciliario por corrupción a Cristina Kirchner con un régimen limitado de visitas al anunciar que concurrirán a verla “aún sin autorización, judicial y sin previo aviso”.
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Los legisladores fundaron su desafío al Poder Judicial en su representacion política.
“Concurriremos de manera conjunta o alternada en cada oportunidad en que lo creamos necesaria al domicilio donde se encuentra cumpliendo detención la doctora Cristina Fernández de Kirchner, en tanto dicha situación reviste relevancia institucional, política y democrática para el espacio político al que pertenecemos y para la vida institucional del país”, señala el escrito firmado por un grupo de senadores y de diputados nacionales de Unión por la Patria.
Cristina Kirchner viene presionando para ampliar el listado de visitas a su departamento de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria.
La Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país, fijó una audiencia para el 7 de julio próximo para definir si mantiene el actual régimen de visitas o si lo amplía, como lo solicitó la expresidenta.
Los únicos permitidos a ingresar sin permiso son la familia de la expresdienta, abogados, policías y médicos. Los demás visitantes, incluidos políticos y mandatarios extranjeros, deben pedir un permiso especial y justificar las razones de la visita.
En medio de esa discusión, los legisladores kircheristas amenazaron con ignorar los límites que impone el Poder Judicial.
“Cualquier intento de condicionar el acceso de legisladores y legisladoras a visitar una persona privada de su libertad con prisión domiciliaria constituye una grave vulneración al principio de división de poderes y a nuestro derecho a ejercer la representación efectiva”, escribieron.
Los legisladores del bloque Unión por la Patria plantearon en un escrito dirigido a los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso que su decisión de concurrir al departamento de San José 1111 donde está presa Cristina Kirchner cumpliendo su condena, “sin previo aviso ni autorización judicial”.
Recordaron el papel de Cristina Kirchner como líder política y presidenta del Partido Justicialista. Y en ese carácter es considerada “una persona de consulta permanente en los asuntos que tienen que ver con la administración de la República”.
Por lo tanto, los kirchneristas sostuvieron que limitar el contacto con su jefa “no solo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo nuestra representación de todas aquellas personas que” considera a Kirchner “como una líder política indiscutida”.
Indicaron que no irán a título personal sino en cumplimiento de un “mandato institucional y político” que les exige participar activamente en asuntos de relevancia pública, especialmente cuando se ven “en juego derechos fundamentales, equilibrios democráticos y garantías institucionales”.
Dijeron que los Estados tienen el deber de tratar a las personas privadas de libertad “con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” y que “la ejecución de la pena no puede transformarse en una instancia de aislamiento político ni de exclusión social adicional no dispuesta en la sentencia”.
Dijeron que actúan como integrantes del Poder Legislativo con “respeto absoluto al proceso penal en curso” y sin intención de interferir con las decisiones judiciales.
Pero aclararon que como son “legítimamente electos en representación del pueblo” tienen garantías que denominan “inmunidades”.
Aclaran que “son garantías institucionales del Congreso y no privilegios personales”, cuya finalidad es el “libre ejercicio de esta representación popular evitando interferencias que puedan menoscabar su autonomía institucional”
Su fundamento debe interpretarse de manera “más amplia y absoluta” para proteger la libertad de acción y expresión del legislador y evitar “actos hostiles por parte de los demás poderes del Estado”.
Indicaron que los jueces no deben “interferir con el ejercicio de facultades que les son privativas a otros poderes”.
Y señalaron que impedir o restringir su presencia “afectaría el ejercicio de esta representación, comprometiendo seriamente la vigencia de derechos y garantías constitucionales”.
Recordaron que en el pasado legisladores visitaron a presos sin permiso de un juez.
Con estos argumentos, los diputados pidieron al tribunal oral que en “legítimo ejercicio” de sus funciones garantice el respeto a su investidura y a la plena vigencia de la representación política.