Los precios internacionales del metal, la legislación y las dinámicas del conflicto hacen que crezca el negocio.
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1.812 dólares en promedio fue el precio de la onza de oro en los mercados durante 2020.
En Antioquia la explotación ilícita de yacimientos de oro aumentó el 10 % en 2019, en comparación con 2018, según el monitoreo realizado por la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (Unodc por sus siglas en inglés) y el Ministerio de Minas y Energía,
Otros departamentos como Córdoba y Bolívar también aumentaron la afectación, precisamente los territorios en los que hubo más operativos de la Fuerza Pública. El panorama contrasta con Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Putumayo que disminuyeron la cantidad de hectáreas. (ver gráfico)
De momento la Unodc solo hace monitoreo de la minería de oro aluvial (que es la que se produce en los ríos o a cielo abierto), que en 2019 reportó evidencia de 98.028 hectáreas de las cuales el 66 % correspondían a explotación ilícita (64.727 hectáreas distribuidas en 96 municipios).
“El 39 % (37.138 hectáreas) de las explotaciones se encuentra bajo figuras de ley carentes de permisos y el 28 % (27.589 hectáreas) se localiza en territorios sin ninguna figura de ley”, se lee en el informe.
Aún no existen las herramientas suficientes para identificar la afectación por explotación de oro de socavón, lo que sin duda aumentaría las hectáreas afectadas por el fenómeno ilegal.
Situación en Antioquia
Antioquia era para 2014 el segundo departamento con mayor evidencia de minería de oro aluvial, para entonces contaba con 26.323 hectáreas utilizadas para este fin, que representaban el 33 % del total nacional. El primer puesto lo ocupaba Chocó.
Pero la distancia entre ambos departamentos se fue estrechando y para el 2018 Antioquia ocupaba el primer lugar. Para 2019, ya eran 40.201 hectáreas, con una participación del 41 %. Lo que quiere decir que un mayor territorio había sido afectado, con todas las consecuencias ambientales, y que la proporción con respecto al territorio nacional era más grande. De ese total, 20.744 hectáreas correspondían a explotación ilícita, que se presenta en 22 municipios.
De acuerdo con Juan Miguel Durán Prieto, presidente de la Agencia Nacional de Minería, “la mayoría de la minería de oro que se ejerce en el Sur de Córdoba, Sur de Bolívar y Bajo Cauca antioqueño, es de oro aluvial, la cual es más fácil de extraer mineral y de forma más rentable que la minería de veta o subterránea”, por lo que es normal que crezca, mientras en otras regiones del país disminuye.
“Una posible causa de la disminución de explotaciones de oro en Nariño y Valle del Cauca, puede estar asociada a la disminución de reservas y recursos de oro con un tenor que sea rentable para su explotación”, manifestó Durán.
En ese mismo sentido, Oswaldo Ordóñez, docente de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín, explicó que en las zonas auríferas de Antioquia como el Bajo Cauca y el Nordeste hay un gran incentivo económico y una tradición minera de muchos años, mientras en el Cauca y Nariño el incentivo se da en la coca, por la facilidad de sacarla al Océano.
Se puede esperar que en 2020 la afectación haya aumentado, ya que por la pandemia se disminuyeron los operativos militares, y la situación económica por el freno en otras actividades productivas promovió la búsqueda de oro, como detalló Leonardo Güiza, director del Observatorio de Minería de la Universidad del Rosario.
¿Por qué se da el aumento?
La UNODC encontró varios factores que hacen que los grupos armados estén ampliamente interesados en el oro (ver claves), y Durán argumentó que “otro incentivo a producir fue el incremento de precio internacional del oro, casi 200 dólares en promedio más en 2020 que en 2019”.
Y añadió que la valorización del dólar respecto al peso colombiano es un factor que hace más atractiva la exportación, entre ellas, la de oro. Por eso las Agencia viene trabajando en un sistema para generar la trazabilidad del oro desde su origen hasta su venta o exportación lo cual permitirá mayores controles. (Ver paréntesis)
Y es que como Ordóñez afirmó: “El gobierno no tiene una política que sea efectiva para resolver la problemática de la explotación ilícita, las dificultades técnicas, financieras y de trámite son tan imposibles de cumplir que a la gente le queda más fácil ser ilegal. Las autoridades no tienen capacidad y el minero tampoco ayuda, porque no invierte en estudios”.
En este punto estuvo de acuerdo Rubén Darío Gómez, secretario general de Conalminercol, el gremio de los mineros, quien dijo que “es la misma cantidad de normas que se vuelven excluyentes las que promueven la ilegalidad y la informalidad y genera informalidad jurídica”.
De acuerdo con el Monitor Minero realizado por Portex, en Antioquia una empresa minera puede tardar cuatro años en la aprobación de cada uno de los requisitos que debe hacer ante la Secretaría de Minas.
“Por esto el llamado es a crear un plan de evacuación urgente que resuelva con responsabilidad. Si se deben negar permisos hay que hacerlo para darle claridad a los solicitantes y permitir que nuevos puedan iniciar trámites, incluso, para formalización minera”, comentó Rafael Mateus, director de Portex.
EL COLOMBIANO solicitó respuestas de la Secretaría de Minas de Antioquia, pero los funcionarios se encontraban en vacaciones.
Solución en camino?
En julio pasado los ministerios de Justicia, Defensa, Minas y Ambiente presentaron un proyecto de ley que busca resolver el problema de la denominada minería ilegal, mismo que está a la espera de iniciar su discusión en el Senado.
Según Durán, la iniciativa contempla nuevas sanciones penales, la creación de nuevos delitos y la agravación de conductas cuando se cometen en zonas protegidas; además, se faculta a la Fuerza Pública para ejecutar el cierre de minas donde se adelante la explotación ilícita de minerales, previa verificación con la autoridad minera y agotando un procedimiento expedito.
Así que otra normativa es la apuesta del Gobierno a una problemática que en gran parte se da debido al exceso de la misma. Se espera un duro debate en el Congreso.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS
CONCLUYÓ PILOTO DE MINERÍA ANCESTRAL
La Agencia Nacional de Minería, en alianza con Konfirma, Trasoro, Anexpo y otras empresas, emprendió a finales del año pasado un plan piloto para garantizar la transparencia en la cadena de comercialización de oro. EL COLOMBIANO conoció que el piloto fue exitoso, que cumplió con los objetivos trazados con respecto a la protección de los mineros de subsistencia (barequeros y chatarreros). La idea es que en próximos meses la estrategia “Con todas las de la ley” se convierta en la hoja de ruta del sector, que permita la trazabilidad en las transacciones y que derive en la inclusión financiera de la actividad.
