JULIE GONZÁLEZ ORTEGA
Aproximadamente 25 personas y/o establecimientos comerciales han sido citados por la Alcaldía de la Localidad 2 de La Virgen y Turística en los últimos días, por presuntas infracciones en materia de espacio público y en terrenos de playa y bajamar.
Se trata de múltiples construcciones aun en obra gris y otras que ya tienen un considerable estado de avance que se han ido levantando poco a poco a un costado de la playa de La Boquilla, en zonas que según la Dimar son propiedad del Estado y que por ende no pueden ser ocupadas.
Aun así, indiscriminadamente y sin ningún tipo de licencia estas se han levantado y otras lo siguen haciendo.Las obras están avanzadas a pesar de que está prohibido construir en zona de bajamar.
Incluso, en un recorrido hecho por El Universal, se pudo constatar que hay algunas edificaciones en las que aún siguen personas trabajando a pesar de la advertencia reciente de la administración.
¿Quién controla?
José Ortega, miembro del Consejo Comunitario de La Boquilla, indicó que la situación no es ajena a lo que está sucediendo en otras zonas de bajamar de la ciudad como Manzanillo, Bocachica, Barú, entre otras, y que todo se ha dado es por falta de autoridad y de verdadera presencia en el sector de las entidades a las que les corresponde el tema.
“Hoy La Boquilla está en una zona geográfica y ambiental un tanto compleja pero también en una zona bastante turística económicamente hablando. Eso ha llevado a muchas cosas, entre esas a que los grandes inversionistas privados compren en la playa de manera ilegal, porque eso no se puede. Y lo hacen en complicidad con el Estado, porque eso no se hace de un día para otro, llevan bastante tiempo allí”, manifestó.
Ortega dice que hace falta un control riguroso y que ni la Policía ni los alcaldes locales anteriores se han puesto en la tarea de hacerle seguimiento al tema.
“El boquillero ve la playa como una zona de uso público. Solo hacemos enramadas porque por reglamento interno está prohibido poner un pedazo de block en la arena. Por eso el boquillero opta por construcciones de palma y madera donde presta servicios de comida típica. Nadie ha dicho que el boquillero es dueño de la playa, solo que se le da un uso preferencial como forma de vivir. Pero esto se ha visto empañado porque entonces vienen estos inversionistas, le ofrecen dinero al boquillero, y la persona en necesidad vende su enramada”, explicó.
Incluso son algunos nativos los que hacen parte de la mano de obra de algunas de estas construcciones ilegales.
Ante este panorama, en el que no parece existir control alguno para evitar que estas construcciones sigan levantándose donde está prohibido, El Universal consultó a la inspectora de Policía de La Boquilla, Geidy Velázquez, quien dijo que como tal el control urbano en zonas de bajamar no corresponde a la autoridad policiva sino a la administración distrital, por lo que desde su inspección no se ha realizado sellamiento alguno a las obras, ya que no sería de su competencia.
“De acuerdo a las funciones de la Ley 1801 de 2016 (Código de Policía), las construcciones que se hacen en zonas de bajamar son de competencia exclusiva del alcalde, pero el alcalde distrital delegó esas funciones a los alcaldes locales a través del Decreto 0204 del 2016, una vez que esto pasa, la competencia no está en cabeza ni titularidad de los inspectores sino de los alcaldes”, manifestó.
En este sentido, la inspectora añadió también que por ser estas construcciones en zonas de bajamar no son objeto de licencia urbanística. “Ahí lo que opera es una orden de restitución y debe ser dirigida por la Alcaldía Local, en este caso la número 2”, expresó.
“Lo que uno hace como autoridad es poner en conocimiento a las autoridades de que hay unas construcciones ilegales pero de ello no depende la restitución ni hacer el control urbano porque eso no aplica en zona de bajamar”, puntualizó la inspectora.
En algunas construcciones siguen trabajando.
Ecobloque adelanta operativos
La unidad interinstitucional Ecobloque, conformada por la Dimar, el EPA, Cardique, la Policía, la Guardia Ambiental, las alcaldías locales, y otras entidades relacionadas, indicó que las citaciones a proceso verbales abreviados a los presuntos infractores muestran el inicio para proceder con las restituciones a los bienes de uso público en las zonas de bajamar de La Boquilla.
“Esto muestra que el Ecobloque se está moviendo. La obligación es denunciar estos hechos irregulares con el fin de que pueda haber un ejercicio de autoridad. La autoridad no puede dormirse ni renunciar a ser competente porque estas son las consecuencias: irregularidades que se vuelven parte de la vida cotidiana como si no pasara nada”, dijo Rafael Vergara, coordinador del Ecobloque.
Vergara enfatizó en que este tipo de controles serán más reiterativos y se impondrán las sanciones a las que haya lugar luego de realizar el proceso correspondiente.
