Al abogado del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, en el proceso de Aguas Vivas le abrieron un proceso judicial porque al parecer no lo podía defender debido a una inhabilidad que tiene vigente por haber sido magistrado de la Corte Suprema de Justicia hasta el 2024, en un proceso que le está llevando la Comisión Nacional de Disciplina Judicial de Antioquia.
Esta es la situación que vive actualmente Luis Antonio Hernández Barbosa, quien hasta hace un año estuvo como magistrado en la Sala de Casación Penal, llegando a ejercer como presidente de esta sala y también estuvo a cargo de la Sala de Instrucción que tenía la tarea de investigar el escándalo de corrupción conocido como el Cartel de La Toga, en el que se pagaban millonarias sumas por direccionar procesos judiciales.
Ante esta situación, esta comisión busca una sanción en contra de este abogado, teniendo en cuenta que hay una restricción en el artículo tercero de la ley 1474 de 2011, el estatuto anticorrupción, en el que se le impide a los funcionarios públicos poder prestar asesorías relacionadas con su cargo hasta dos años después de la salida de la magistratura, lo que estaría haciendo Hernández Barbosa en el caso contra Quintero.
Según este artículo: “Prestar, a título personal o por interpuesta persona, servicios de asistencia, representación o asesoría en asuntos relacionados con las funciones propias del cargo, o permitir que ello ocurra, hasta por el término de dos (2) años después de la dejación del cargo, con respecto del organismo, entidad o corporación en la cual prestó sus servicios, y para la prestación de servicios de asistencia, representación o asesoría a quienes estuvieron sujetos a la inspección, vigilancia, control o regulación de la entidad, corporación u organismos al que se haya estado vinculado”.
Ante esto, desde esta comisión penal señalaron que el proceso avanza con normalidad y se espera que en próximos días se tomen las decisiones correspondientes contra el abogado en medio de este proceso disciplinario, el cual se abrió mediante la queja interpuesta por la abogada Gloria Patricia Jaramillo Aristizábal, más conocida como Tyche.
La queja en contra el actual abogado de Quintero, además, se fundamentaría en la cercanía que tiene Hernández Barbosa con al actual fiscal General de la Nación, Adriana Camargo, a quien incluso le empujó su candidatura entre los magistrados de la Sala Penal, logrando que ella obtuviera nueve votos. Esto beneficiaría directamente al exalcalde, quien busca afanosamente que su proceso sea trasladado a Bogotá.
Incluso, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, a la que perteneció Hernández Barbosa hasta 2024, le abrió una investigación al senador del Pacto Histórico, Alex Flórez, una de las manos derechas de Quintero, por los delitos de lavado de activos, concusión y falsedad en documento privado por “la presunta exigencia de dinero, directa e indirectamente, a algunos contratistas estatales en Medellín con el propósito de financiar su campaña política para el congreso de la República en 2022”.
Hernández Barbosa tiene una larga trayectoria como jurista y ha ostentado altos cargos tanto en la Fiscalía General de la Nación como en la Corte Suprema de Justicia y actualmente defiende a Quintero, quien fue imputado por los delitos de peculado por apropiación en favor de terceros y prevaricato por acción por las irregularidades en el lote de Aguas Vivas, en El Poblado.