ARGENTINA:
Alberto Fernández busca retomar el protagonismo a través de una alianza con los gobernadores que, a su vez, lo muestre fortalecido frente al kirchnerismo. Sin embargo, su decisión tiene consecuencias en la vida jurídica del país.
De un lado quedó la Ciudad, que no se reduce a Horacio Rodríguez Larreta ni al PRO: los fondos que en 2020 le sacó Alberto Fernández y que la Corte ordenó devolver, no son del jefe de Gobierno, sino de los porteños y la Ciudad. Del otro, quedaron los mandatarios de 14 provincias (distritos que siempre litigan ante la Corte) y el Presidente, quienes decidieron tirar a la basura la Constitución.
En todos los países democráticos se acepta que la Corte Suprema tenga la última palabra y sus fallos hay que cumplirlos. Obviamente, la Corte puede equivocarse -aunque no se haya equivocado en este fallo, bien podría haber ocurrido-. Pero esa es una regla central del Estado de Derecho: si la Constitución Nacional es suprema, alguien tiene que tener la última palabra y decir qué es válido y qué no lo es.
Cuando el Presidente desconoce un fallo, esté desconociendo la Constitución y asumiendo el poder supremo. Hoy, la Argentina se acercó al precipicio institucional de Venezuela y Nicaragua, donde la única autoridad es el Presidente.
Y le mostró al mundo que ninguna regla tiene valor. ¿Por qué motivo un argentino querría blanquear su dinero si el Presidente puede hacer lo que se le antoje y nadie puede ponerle un límite? ¿Por qué una empresa arriesgaría millones de dólares en una inversión en un país donde el mandamás de turno podría decir “exprópiese”, como decía hace unos años Hugo Chávez?
Ahora, Juntos por el Cambio puede denunciar a Alberto por muchos delitos penales. Pero el daño institucional producido por Alberto de desobedecer el Estado de Derecho puede recibir el peso de cualquier sanción penal.
Los ejes del trasfondo político:
Alberto Fernández sigue la línea de Cristina Fernández de Kirchner de enfrentar a Justicia, especialmente en una época donde se acumulan condenas e investigaciones en contra de la Vice y su gente.
Alberto, desnudo de poder político u debilitado, aprovecha esta circunstancia para rodearse de gobernadores.
Los gobernadores, por su parte, quieren asegurarse que el año próximo les llegarán fondos para hacer obra pública financiada por la Nación y tener alguna chance electoral.
Los mandatarios provinciales también calculan que el turno electoral de 2023 será esquivo para el FdT y utilizan este embate para posicionarse en un lugar de fuerza para negociar en el futuro.
Cristina, por su parte, nunca tolerará que la provincia de Buenos Aires, donde está su electorado, pueda correr el riesgo de perder fondos a manos de la rica CABA.
Rodríguez Larreta también puede aprovechar el fallo de la Corte para crecer y buscar un rédito electoral. En la víspera de Navidad, Alberto se convirtió en Papá Noel y le regaló un escenario favorable a Larreta para iniciar su campaña presidencial. Algo parecido a lo que había ocurrido cuando el jefe de Gobierno logró que la Corte Suprema dispusiera la vuelta a clases y la reapertura de las aulas.
Usted puede elegir la explicación que desee. Pero el conflicto que desató Alberto no es solo político, sino que generó una crisis institucional.
En Perú, Castillo quiso cerrar el Congreso nacional y lo destituyeron. En la Argentina, Alberto Fernández y los gobernadores tomaron la decisión de desconocer a la Corte como cabeza del Poder Judicial, sabiendo que el Congreso no le hará juicio político.