Un reciente informe de seguimiento al plan de desarrollo concluye que no han sido efectivas políticas como la “renta básica” para apoyar a las familias más pobres.
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Entre las tinteras del Parque Berrío ronda un temor por estos días: que nuevas restricciones por infecciones respiratorias vuelvan a afectar sus negocios informales. Suficiente ya tienen con lo que viven, muchas se hacen $12.000 o $13.000 al día, de los cuales deben sacar pasajes y comida para los hijos, pues abundan las madres cabeza de hogar. La cosa es de hambre. Gisela Ardila, presidenta de Asotintos, que agrupa a 430 tinteras, define la situación: “Hay familias que si almuerzan no comen y si comen no desayunan, aún más por el elevado costo de los productos básicos”.
Por eso, Ardila le da la calificación más baja a las acciones de la Alcaldía de Medellín para reducir la pobreza, justamente, una de las banderas del alcalde Daniel Quintero, que ha reforzado con su propia historia de una infancia de privaciones económicas. De hecho, en el plan de desarrollo incluyó la línea estratégica Medellín me Cuida, que tiene como uno de sus programas más importantes el de Canasta Básica de Derechos, enfocado en mejorar la calidad de vida de las personas más pobres.
Pero hoy, casi tres años después del inicio del gobierno, un informe de veedores ciudadanos concluyó que no ha habido avances reales es esta materia y que la renta básica, ampliamente anunciada en 2020, es tan mínima e inconstante que no ha tenido efectos positivos en la reducción de la pobreza.
En consideración de la Veeduría al Plan de Desarrollo, esto es todavía más preocupante porque la pandemia le generó a Medellín “un retroceso de por lo menos 10 años en las cifras de pobreza”. Y aunque en 2021 fue la ciudad del país con menor porcentaje de pobreza monetaria y la segunda con menor porcentaje de pobreza monetaria extrema, algo que es muy positivo, también fue la que menos disminuyó la pobreza monetaria, entre 2020 y 2021, tal como ya lo había advertido Medellín Cómo Vamos en su último informe de calidad de vida en la ciudad.
Isabel Sepúlveda, presidenta de la Veeduría y directora de Corporación Región, explica que hay que tener en cuenta que Medellín ya venía con uno de los menores índices de pobreza monetaria del país desde antes de la pandemia, como resultado de un trabajo sostenido durante los últimos 10 años. Y eso es muy bueno, añade, pero la reducción se quedó estancada: entre 2020 y 2021, ciudades como Bucaramanga, Cartagena, Cali y Barranquilla presentaron reducciones entre 10,6% y 5,5%, mientras que la de Medellín fue de tan solo 5,3%, que superó únicamente a Bogotá (4,3%), según cifras del Dane recopiladas en el informe.
Para Sepúlveda es preocupante porque quiere decir que no están siendo efectivas las estrategias de la administración para disminuir la pobreza. “No están dando los resultados que puede dar una ciudad con la capacidad institucional y de inversión como Medellín”, afirma. La presidenta agrega que el mismo informe del Dane establece que la capital antioqueña es la ciudad, entre las principales del país, donde las ayudas entregadas por la Alcaldía menos han incidido en la reducción de la pobreza.
¿No se cumplió la “renta básica”?
Una de las mayores preocupaciones es la ejecución de la denominada “renta básica” (ver Paréntesis), propuesta justamente por la veeduría y organizaciones sociales durante la construcción del plan de desarrollo. Sepúlveda cuenta que la cantidad de personas en pobreza monetaria extrema se estima en un millón, es decir, unas 250.000 familias. No obstante, la Alcaldía se puso como meta en el plan de desarrollo entregar este recurso a 91.485 familias, así como a 5.015 personas con vulnerabilidad y a 3.500 víctimas del conflicto.
Pero en la ejecución hay una situación tan compleja como insólita. Primero, en el plan de desarrollo no se establece con claridad cuánto dinero se entregará como “renta básica” a cada familia ni cada cuánto. Aunque no quedó consignado sí se hicieron promesas que hoy están incumplidas. Por un lado, en ninguno de los tres años se ha cumplido el indicador de las 91.485 familias. En 2020 se les entregó el recurso a 86.881; en 2021, a 85.910; y en 2022, con corte a agosto pasado, a 13.037. El avance del indicador entre 2020 y agosto de 2022 es del 49,6%. Y a Quintero solo le queda un año de gobierno.
A la presidenta de Asotintos la indigna más que puede contar en los dedos de una sola mano el número de veces que les han entregado la renta básica a sus compañeras de labor, pues ella no es beneficiaria. Aunque no quedó establecido en el plan de desarrollo, la promesa inicial, según la veeduría, fue entregar $100.000 mensuales durante 36 meses. Después, dijeron que serían $200.000 cada dos meses. Como lo constata el informe de la veeduría, “ninguna de las dos versiones se ha cumplido”.
Al final las cuentas, según la información reportada por la misma Alcaldía en respuesta a derechos de petición a la veeduría y a solicitudes de concejales, dan resultados irrisorios: se han hecho cinco entregas. Una de $100.000 en diciembre de 2020; tres en 2021, una de $200.000 entre marzo y abril, otra por el mismo valor entre agosto y octubre, y una más de $100.000 en diciembre. En abril de 2022 fueron $100.000 que han constituido la única entrega del año, pese a que la Secretaría de Inclusión Social, encargada de este programa, dijo que gestionarían más recursos, que no se materializaron en esta vigencia.
En total, distribuidos en las cinco entregas, dieron $700.000 por familia beneficiaria desde 2020 hasta la fecha. “Eso para mí no es una renta básica”, expresa Ardila. En consideración de la veeduría no hay forma de que esto aporte a la disminución de la pobreza extrema monetaria, entendida desde el punto de vista de los ingresos económicos y más ligada a la posibilidad de que las familias tengan comida. Los veedores reiteran que se requieren acciones articuladas y prolongadas que mejoren la situación de forma integral, pues es complejo llevarle oportunidades de educación o salud a un hogar donde aguantan hambre.
Ardila cuenta que a esta situación de inestabilidad del proyecto se suma que muchas de las beneficiarias recibían un mensaje de texto diciéndoles que reclamaran el dinero, pero cuando iban al corresponsal no aparecían en el sistema. También ocurrió, dice, que algunas tuvieron problemas con la bancarización para las transferencias. Hoy, ella y otras tinteras tienen la fe puesta en el subsidio de $500.000 mensuales que el gobierno nacional prometió entregar a mujeres cabeza de hogar. Y seguirán esperando cómo se mueve la “renta básica” local en el último año de Quintero.
Por su lado, la veeduría hace “un llamado urgente a la Alcaldía para que asuma con mayor compromiso su obligación de gestionar de manera adecuada la problemática social y económica que padece Medellín, disponiendo recursos, actuando con sistematicidad y diligencia, y utilizando toda su capacidad institucional para cuidar de la población más vulnerable de la ciudad”. La Alcaldía no respondió a las preguntas hechas por EL COLOMBIANO sobre este tema.
CONTEXTO DE LA NOTICIA
PARÉNTESIS
“MEDELLÍN NO TIENE RENTA BÁSICA”
En medio del negativo balance de la Veeduría sobre el cumplimiento de los indicadores, también se sostiene en que Medellín no cuenta con una renta básica, y así lo hicieron saber desde antes de que se incluyera en el plan de desarrollo. Sepúlveda reitera lo dicho en el informe: lo que existe es una transferencia monetaria cada cierto tiempo. Esto, porque la renta básica tiene como requisito esencial que el recurso entregado esté por encima de la línea de pobreza, que hoy es de unos $350.000 mensuales. Sin contar, explica además, que la línea de pobreza es per cápita, es decir, por persona, pero la Alcaldía ha entregado $100.000 a familias que pueden tener hasta cuatro o más integrantes y que deben esperar hasta cuatro meses para recibir otro pequeño monto.