Mauricio Reina, investigador asociado de Fedesarrollo, dijo que el desajuste fiscal que se acentuó de manera drástica durante la pandemia lleva a que este año el déficit fiscal sea de más del 7 % del PIB, lo que se ha traducido en altas tasas y un gran porcentaje de los ingresos del Gobierno dedicados a cubrir el servicio de la deuda.
“Eso significa que algo teníamos que hacer para garantizar el ajuste fiscal, y la reforma tributaria es la respuesta a esa necesidad, pero no solo basta con tener la reforma, sino que es necesario que la adición presupuestal (para 2023) sea inferior al monto de la tributaria”, sostuvo.
Reina agregó que si todo el recaudo de 2023 se va directamente a los gastos sociales, no se haría absolutamente nada desde el punto de vista fiscal.
“Hay que tener los ojos puestos sobre esa adición presupuestal y sobre la necesidad de que esos $19,7 billones se distribuyan entre financiar gasto social y pagar deuda en conjunto con ajustar las finanzas públicas”, recalcó Reina.
Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana expresó que no deja de ser “una ironía” que el recaudo esperado por la reforma tributaria casi coincide con lo proyectado para el subsidio al consumo de los combustibles para 2023.
“Sin el subsidio no habría necesidad de reforma tributaria. Los recursos ahorrados con la eliminación del subsidio (a los combustibles) serían suficientes para financiar los programas sociales que se piensan costear con la reforma”, resaltó el informe.
