Más de 100 estudiantes de la I.E. 20 de Julio presentaron afectaciones en la piel tras el supuesto consumo de un alimento del PAE.
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La emergencia que se presentó el pasado 13 de septiembre en la Institución Educativa 20 de Julio, zona suroccidental de Cartagena, provocada supuestamente por un alimento que hacía parte del Programa de Alimentación Escolar (PAE), ya está bajo la lupa de la Procuraduría General de la Nación.
En los hechos, 122 estudiantes de tercero y quinto grado de primaria presentaron afectaciones en la piel a raíz del presunto consumo de duraznos. Algunos pequeños tuvieron que ser remitidos a centros de salud.
El Ministerio Público solicitó al alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, un informe detallado de las acciones adoptadas a raíz de la emergencia.
En la comunicación enviada por el Procurador 10 Judicial de Familia, de la delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y la Mujer, requirió al mandatario detallar las circunstancias en las que se habría presentado dicha intoxicación, así como las medidas tomadas para la regularización y optimización del Programa de Alimentación Escolar (PAE).
Igualmente, solicitó los resultados de la investigación efectuada por la Alcaldía sobre los alimentos que afectaron la salud de los estudiantes.
“No fue intoxicación”
Es de precisar que el día de la emergencia directivas del plantel educativo y funcionarios de la Secretaría de Educación del Distrito (SED) aclararon que no se trató de alguna intoxicación por ingesta de la fruta sino una presunta alergia al tener contacto físico con la misma.
La ingeniera de alimentos Karina Ochoa, supervisora del PAE en la IE 20 de Julio, aseguró que están adelantando las revisiones pertinentes para determinar las causas reales del hecho. En esa sede principal del colegio se entregan 374 raciones industrializadas diarias del PAE.
Por su parte, la Alcaldía de Cartagena, a través de la Secretaría de Educación, manifestó que en procura de preservar los derechos de las niñas y niños, inició una investigación para establecer cómo y quiénes tomaron fotos, imágenes o videos de las y los estudiantes afectados y que después fueron publicadas en redes sociales de manera violatoria de la protección de menores.
Igualmente, la directora de la SED, Olga Acosta, solicitó un informe detallado sobre la situación ocurrida en el establecimiento escolar y ordenó tomar las medidas del caso.