Se trata de una tutela radicada por la Procuraduría General que fue admitida por el Tribunal Superior de Medellín.
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La Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín estudiará una tutela radicada por la Procuraduría General en contra de la Gobernación de Antioquia, la alcaldía de Medellín y otras autoridades locales y nacionales para que respondan por el hacinamiento en el que están los calabozos de las estaciones de Policía de Medellín.
Puntualmente reprocha el Ministerio Público que a los privados de la libertad se les están “vulnerando los derechos fundamentales a la salud y la dignidad humana”.
En este caso el Tribunal consideró necesario vincular a la Presidencia de la República y al ministerio de Justicia porque las decisiones que pueden tomarse cuando se resuelva el recurso podrían “vulnerar sus intereses”.
En la actualidad en estos lugares hay unas 1780 personas viviendo en precarias condiciones si se tiene en cuenta que las 24 estaciones tienen capacidad total para 250 detenidos.