Foto: Alcaldía.
Por: Jesús Uribe
Durante el procedimiento fueron incautados equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forenses.
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Seccional Atlántico y el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), realizó el pasado domingo 27 de septiembre una diligencia de allanamiento y registro en las instalaciones de la Sociedad de Activos por Colombia, en Barranquilla.
El procedimiento se originó tras información entregada por la presidencia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) sobre presuntas irregularidades al interior de la entidad.
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Según explicó Diana Patricia Bravo, presidenta de la SAE, la información recibida advertía sobre una posible manipulación de los sistemas de información.
“Concretamente, la información advertía sobre una posible manipulación de los sistemas de información de la Sociedad de Activos por Colombia, que podría incluir la eliminación de cuentas, correos electrónicos, archivos y otra información institucional que eventualmente estaría siendo ocultada a la nueva Administración designada por el Gobierno Nacional”, señaló.
La diligencia fue adelantada por la Fiscalía Novena Especializada de la Estructura de Apoyo y Policía Judicial del CTI, con acompañamiento de una delegada de la Procuraduría General de la Nación. También participaron la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía, la Dijín, Delitos Cibernéticos a nivel nacional y el Grupo Anticorrupción.
Equipos tecnológicos serán sometidos a análisis forenses
Durante el procedimiento fueron incautados equipos tecnológicos que serán sometidos a análisis forenses para preservar la evidencia digital y establecer qué ocurrió.
“Serán esos análisis técnicos y la investigación de la Fiscalía los que permitan establecer si efectivamente existió manipulación, alteración o eliminación de archivos, correos, cuentas o cualquier información de la Sociedad de Activos Especiales, así como determinar las eventuales responsabilidades a que haya lugar”, afirmó Bravo.
La presidenta de la SAE indicó además que un juez de Control de Garantías declaró la legalidad del procedimiento de registro y allanamiento. La investigación deberá determinar si se presentaron las conductas denunciadas y quiénes serían los responsables.
Bravo aseguró que la actual administración de la SAE colaborará con las autoridades. “Aquí no venimos a ocultar información ni a interferir en las investigaciones. Por el contrario, nuestra instrucción es clara, preservar la información, garantizar absoluta transparencia y permitir que las autoridades lleguen hasta el fondo de lo ocurrido”, manifestó.
Finalmente, la presidenta de la SAE reiteró que los activos y la información bajo administración de la entidad “son patrimonio público y deben manejarse con rigor, con transparencia y absoluto respeto por la ley”.
