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Uno de los casos es el de un peruano, que según Migración Colombia, manifestó su intención de trabajar en explotaciones auríferas ilegales ubicadas en los municipios de Segovia y Mutatá.
Migración Colombia reforzó los controles en el Aeropuerto Internacional José María Córdova y, durante la última semana, inadmitió a cinco ciudadanos extranjeros que pretendían ingresar al país por diferentes irregularidades, varias de ellas relacionadas con delitos de alto impacto como la explotación sexual de menores y la minería ilegal.
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Uno de los casos corresponde a una ciudadana estadounidense que registraba una alerta en la plataforma internacional Angel Watch, sistema que identifica a personas condenadas o investigadas por delitos sexuales contra menores.
Tras verificar la información durante el procedimiento migratorio, los oficiales le negaron el ingreso al país y ordenaron su retorno inmediato a Estados Unidos. Según Migración Colombia, es la segunda mujer inadmitida este año por este motivo.
Las autoridades también rechazaron el ingreso de tres ciudadanos extranjeros, procedentes de Estados Unidos, luego de establecer que su verdadero propósito de viaje era realizar turismo con fines de explotación sexual.
Durante las entrevistas migratorias, los funcionarios detectaron inconsistencias en sus versiones y encontraron evidencias de vínculos con itinerarios, contactos y agencias que promueven este tipo de actividades, consideradas una amenaza para la seguridad de la población y la imagen internacional de Medellín.
En otro procedimiento, un ciudadano peruano fue inadmitido al comprobarse que pretendía desarrollar actividades laborales sin contar con la visa exigida por la normativa colombiana.
Durante la entrevista migratoria, el hombre manifestó su intención de trabajar en explotaciones auríferas ilegales ubicadas en los municipios de Segovia y Mutatá, en Antioquia, donde planeaba desempeñarse en minas que no figuran en el Registro Minero Nacional.
La directora de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, señaló que la entidad ha fortalecido la capacitación de sus funcionarios para identificar oportunamente a extranjeros que puedan representar riesgos para la seguridad de niños, niñas, adolescentes y mujeres, así como para prevenir delitos como la explotación sexual, la trata de personas, las afectaciones al orden público y actividades ilícitas como la minería ilegal.
