REPÚBLICA DOMINICANA:
El mandatario dijo que envió la investigación sobre las supuestas irregularidades al Ministerio Público
El presidente Luis Abinader dijo este lunes que ha dado total libertad al Ministerio Público para que investigue las presuntas irregularidades en el Seguro Nacional de Salud (Senasa).
El mandatario prefirió no emitir opinión sobre el caso, ya que está en el Ministerio Público «y cualquier opinión no es correcta, tiene que ser ya una opinión de ellos».
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Abinader dijo ayer domingo que envió directamente a la procuradora general Yeni Berenice Reynoso el informe que revela irregularidades en el Senasa «como una advertencia adicional» a los funcionarios de su gobierno para que no se equivoquen.»Eso, vamos a esperar que sea el Ministerio Público que actúe», dijo Abinader en LA Semanal.
La crisis del Senasa
La ARS estatal atraviesa su mayor crisis institucional desde su creación. En las últimas semanas, el Gobierno ha revelado hallazgos de graves irregularidades administrativas y financieras que comprometen recursos públicos y han puesto bajo presión la confianza en la entidad que cubre a más de ocho millones de dominicanos.
El caso se encuentra ya en manos del Ministerio Público, luego de que el presidente Luis Abinader instruyera la entrega de un informe técnico con los hallazgos ante la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso.
El documento fue depositado el sábado 13 de septiembre por el superintendente de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), Miguel Ceara Hatton, y el director ejecutivo de Senasa, Edward Guzmán, en cumplimiento del mandato presidencial.
La crisis en Senasa se destapó tras una combinación de denuncias periodísticas, auditorías oficiales y testimonios protegidos, que apuntaron a un esquema sostenido de irregularidades, con repercusiones financieras que amenazan la estabilidad del régimen subsidiado y la continuidad de servicios para los afiliados más vulnerables.
Una de las revelaciones más graves fue la detección de más de 4,000 procedimientos médicos que nunca se realizaron, pero que fueron autorizados y facturados como si hubiesen ocurrido. Según las denuncias, un «call center paralelo» operado por exempleados de la institución gestionaba estas autorizaciones fraudulentas utilizando identidades reales de afiliados.