EL SALVADOR:
Por Laura Jordán
Un estudio de FESPAD revela que estas personas, en su mayoría, tampoco tienen acceso a la salud, educación, empleos estables, entre otras limitantes.
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En los municipios de San Luis La Herradura y San Pedro Masahuat, en el departamento de La Paz, cinco comunidades acogen a 645 familias que viven en inseguridad jurídica por la tenencia de tierras y con acceso limitado, casi nulo, a derechos como la salud y educación.
La situación jurídica, económica y social que afrontan las cinco comunidades son similares. En primer lugar, y lo que les afecta mayormente, es que la mayoría de viviendas se encuentran en propiedad del Estado y no cuentan con escrituras.
Para esto, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) ha presentado procesos legales y jurídicos ante diferentes instancias, como una propuesta de ley de vivienda de interés social ante la Asamblea Legislativa que no fue retomada. En 2015 también lanzó una Política Nacional de Vivienda y Hábitat que tampoco tuvo seguimiento en el país.
Otro de los factores que afecta a esta zona es las amenazas de desalojo constantes que reciben las familias ante la falta de escrituras. En su mayoría, son grupos que emigraron posterior a la guerra y se establecieron en propiedades del Estado cercanas a la costa.
Rosa Mélida Alvarado emigró a la comunidad El Mozote durante el conflicto armado en el país cuando tenía ocho años, desde entonces se estableció en una propiedad. Lleva casi toda una vida en el lugar, sus padres llegaron a cuidar un rancho y dejaron abandonado todo donde vivían. “Ha sido algo bien difícil y ya no quiero ver que mis hijos y nietos tengan que pasar por esto”.
Cuenta que las mujeres con familia e hijos son las más afectadas, pues no cuentan con vivienda propia, para subsistir realizan ventas informales que sostienen con la pesca artesanal y hacen sus ventas a la orilla de la playa.
Otras, como Rosa, cuidan ranchos de las mismas playas, pero la mayoría no reciben un sueldo justo para subsistir porque no tenemos ni siquiera el salario mínimo, a veces son $75 a la quincena los que les pagan.
El estudio de FESPAD sobre la situación revela que las mujeres afectadas representan el 52.39% en estas comunidades y los hombres un 47.61%. Pero la inseguridad jurídica no es la única limitante.
En la mayoría no hay centros escolares y en los que hay se da el hacinamiento porque hay pocos maestros. Tampoco tenemos clínicas cerca, hay una, por ejemplo, que está a seis kilómetros y es la más cercana. Es bien preocupante que uno cuente con ese tipo de asistencia”, continúa exponiendo Rosa.
#Investigación
Vulneración a DDHH en contextos de inseguridad jurídica en la tenencia de tierras.🔗 Puede acceder al documento aquí: https://t.co/ONXXe1IFYb pic.twitter.com/pdC00h7y5X
— FESPAD (@FESPAD_sv) March 16, 2022