VENEZUELA:
Una persona con una camiseta que dice «Liberen a todos los presos políticos» enciende una vela durante una vigilia frente a la prisión El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 23 de febrero de 2026. Foto: Federico PARRA / AFP
La reciente actualización oral sobre Venezuela marca un hito inédito. Los expertos analizaron la intervención militar de Estados Unidos y advirtieron que, pese al cambio de conducción en el Ejecutivo, el aparato represivo sigue intacto.
En la recepción de un ministerio en el centro de Caracas, el retrato de Nicolás Maduro sigue colgado con la misma fijeza de hace una década. No importa que desde el 3 de enero su despacho esté vacío o que Delcy Rodríguez ejerza ahora como «encargada» bajo una narrativa de continuidad administrativa; para el burócrata que sella planillas y para el guardia que custodia la entrada, el «presidente» sigue siendo el mismo.
El polvo sobre el marco es el único indicio del paso del tiempo en una estructura que se niega a la mudanza. Esta parálisis institucional, donde el mando cambia de manos pero no de métodos, es el eje que atravesó la actualización oral presentada este 12 de marzo de 2026 por la Misión internacional independiente de determinación de los hechos en Ginebra.
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La Misión, en un escenario de transición compleja y «tensa calma», puso el dedo en la llaga de la continuidad. Mientras Washington y el nuevo pragmatismo energético intentan estabilizar el tablero, los expertos de la ONU revelan que el entramado de control social no ha sufrido ni un rasguño. En las oficinas públicas de la capital, la orden es clara: el retrato no se baja. Se mantiene la ficción de una presidencia en ejercicio, aunque el tablero operativo lo mueva la vicepresidenta.
Esta inercia no es meramente simbólica. Es la garantía de que los «cogollos» del poder mantienen el control del territorio. La actualización oral en Ginebra es lapidaria al señalar que el cambio de conducción no ha significado, bajo ningún concepto, un desmantelamiento de las prácticas que llevaron a Venezuela ante el escrutinio internacional. La represión ha demostrado ser un organismo autónomo, capaz de sobrevivir a la captura de su principal figura.
La contabilidad del estruendo
El pronunciamiento más novedoso de la Misión fue la condena categórica a la incursión militar estadounidense del 3 de enero. El análisis técnico de los expertos arrojó cifras que desnudan la magnitud de la operación: 82 muertes confirmadas, entre las que se cuentan dos civiles que quedaron atrapados en el fuego cruzado. Para la Misión, la precisión quirúrgica de los bombardeos no exime la violación del derecho internacional.
Los investigadores recalcaron un principio que incomoda al pragmatismo de 2026: aunque existan motivos razonables para creer que Maduro cometió crímenes de lesa humanidad, una intervención militar ilegal no es el camino hacia la justicia. La paradoja es total: se capturó a un presunto criminal violando las mismas garantías que ahora se le exigen al Estado venezolano para con sus ciudadanos. La Misión exige que Maduro, hoy bajo custodia extranjera, enfrente un proceso judicial con estándares internacionales, algo que parece lejano en el actual clima de opacidad geopolítica.
El mimetismo de las botas
El hallazgo más alarmante para quienes esperan una democratización real fue que la maquinaria de persecución sigue «aceitada y operativa». La Misión documentó datos que desmienten cualquier «primavera» institucional:
87 nuevas detenciones: registradas apenas en los primeros dos meses de este año, después de la intervención extranjera.
135 detenciones arbitrarias previas: ocurridas entre septiembre y diciembre de 2025, en el preludio del colapso.
Tácticas de rehenes: un tercio de los detenidos en el último cuatrimestre de 2025 eran familiares de los objetivos políticos originales, una práctica que busca el quiebre moral a través de la cercanía afectiva.
La continuidad de los mandos es otra señal de alerta. Varios funcionarios militares de alto nivel, identificados previamente por la ONU como responsables de crímenes de lesa humanidad, no solo permanecen en sus puestos, sino que han sido ratificados por la gestión de Rodríguez para asegurar la lealtad de los cuarteles. No ha habido purga, sino un reacomodo de conveniencia.
Incluso los «colectivos», esos brazos armados del control social, han iniciado una mutación hacia formas menos estridentes de vigilancia, mimetizándose en labores de «orden público» para evitar el radar internacional sin ceder el control del barrio.
Una amnistía con letra pequeña
Aunque las liberaciones masivas de presos políticos han sido el «alivio» mediático de la transición, la Misión analizó con frialdad la nueva Ley de Amnistía. La crítica es punzante: el instrumento legal se redactó en laboratorios cerrados, sin consulta con las organizaciones de víctimas y con un lenguaje que perpetúa la injusticia.
Para los expertos, la ley es restrictiva y arbitraria. Al excluir a quienes el Estado acusa de «acciones armadas contra la soberanía» —una etiqueta elástica que suele cubrir a cualquier disidente incómodo—, la amnistía se convierte en una herramienta de selección política. Además, el texto trata a los liberados como delincuentes objeto de gracia y no como víctimas de un sistema judicial podrido. No hay mecanismos de reparación, ni comisiones de la verdad que busquen responsabilidades en la cadena de mando que aún hoy se sienta en los despachos de Caracas.
El desborde de la memoria
Sin embargo, algo se ha fracturado en la represa del miedo. La Misión reportó un aumento inédito en la recolección de testimonios. Ante la percepción de un nuevo —aunque frágil— clima de seguridad, el número de personas que se acercan voluntariamente a denunciar se ha duplicado y, en algunos casos, triplicado. María Eloísa Quintero, experta de la Misión, confirmó que la avalancha de nuevas evidencias está desbordando las capacidades de procesamiento.
Las víctimas ya no solo hablan desde el exilio. Desde Petare hasta el Catatumbo, los testimonios están nutriendo un expediente que ya no es solo una fotografía del pasado, sino un escáner en tiempo real de cómo el poder se aferra a sus privilegios.
El mensaje final de Ginebra es una advertencia contra el olvido: el escrutinio internacional es lo único que impide que la «tensa calma» de 2026 se convierta en una nueva impunidad. Mientras el retrato de Maduro siga colgado en las paredes del poder, la justicia seguirá siendo un visitante que espera afuera, en la acera, sin que nadie le abra la puerta.
