VENEZUELA:
Los estados Bolívar y Amazonas, ricos en yacimientos de oro, se han convertido en un escenario de conflicto permanente, donde grupos armados, redes criminales, actores del Estado y comunidades empobrecidas luchan por el control de minas establecidas irregularmente, señala un informe de la organización internacional Crisis Group
La expansión acelerada de la minería ilegal en el sur de Venezuela ha generado una crisis devastadora que combina violencia armada, destrucción ecológica, desplazamientos forzados y explotación humana, así lo señala el informe La maldición del oro: minería y violencia en el sur de Venezuela, publicado por la organización internacional Crisis Group.
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El estudio señala que los estados Bolívar y Amazonas, ricos en yacimientos de oro, se han convertido en un escenario de conflicto permanente, donde grupos armados, redes criminales, actores del Estado y comunidades empobrecidas luchan por el control de minas ilegales. Lejos de traer progreso, la fiebre del oro está arrasando con la vida humana y natural de esta región.
Devastación ambiental sin precedentes por la minería ilegal en Venezuela
La actividad minera ha provocado una grave degradación ambiental, especialmente en zonas protegidas como parques nacionales y territorios indígenas. El uso indiscriminado de mercurio ha contaminado ríos fundamentales como el Caroní, el Caura y el Paragua, afectando la salud de comunidades locales, según el informe de Crisis Group.
Las operaciones extractivas han transformado vastas áreas de la Amazonía en paisajes de lodo, deforestación y contaminación química. Todo ello sin planificación ni evaluación de impacto ambiental. Esta destrucción, advierte la organización, compromete no solo el ecosistema venezolano, sino la estabilidad ecológica de toda la cuenca amazónica.
Violencia sistemática y comunidades sometidas
La minería ilegal en el sur de Venezuela está controlada por una mezcla de guerrillas, bandas criminales y sectores del aparato estatal. Estos grupos imponen “vacunas”, obligan a los mineros a entregar parte de su producción, y recurren a la violencia como herramienta de control, señala el informe.
Denuncia que muchas personas trabajan en condiciones cercanas a la esclavitud moderna, sin derechos ni protección. Las mujeres sufren violencia sexual frecuente, mientras que los pueblos indígenas enfrentan desplazamientos, intimidación y asesinatos cuando se oponen a la explotación de sus tierras.
La organización resalta que estos abusos no son incidentes aislados, sino parte de una estructura de control informal. Muchas veces, afirma, tolerada o impulsada desde instancias del poder.
El Arco Minero: institucionalización del caos
El documento de Crisis Group también critica la creación del Arco Minero del Orinoco por parte del gobierno venezolano. En lugar de regular la minería, denuncia que esta política ha permitido formalizar prácticas depredadoras y que, lejos de garantizar desarrollo sostenible, ha favorecido el avance de un modelo extractivista caótico y violento.
Según, la implementación del Arco Minero carece de transparencia, ignora los derechos de las comunidades indígena. Afirma que ha servido para justificar la ocupación de vastas zonas sin mecanismos reales de supervisión.
Piden atención nacional e internacional
Crisis Group advierte que esta situación configura una crisis humanitaria y de seguridad de gran escala, subestimada por actores políticos tanto del oficialismo como de la oposición. Por ello, recomienda que el tema de la minería ilegal se incluya en futuras negociaciones políticas, y que se garantice la participación de actores sociales, ambientales e indígenas.
Se insta además a la comunidad internacional a vigilar la cadena de comercialización del oro venezolano, que, pese a su origen ilícito, termina en mercados legales a través del contrabando hacia Colombia, Brasil y otros países.
“La violencia vinculada a la minería no va a desaparecer por sí sola. Requiere una respuesta coordinada, con enfoque de derechos humanos, justicia y desarrollo legítimo”, señala la organización.