Los funcionarios advirtieron que su intención no es suspender la atención a la ciudadanía, sino visibilizar una problemática que, aseguran, afecta tanto al talento humano como a la calidad del servicio.
Según explicó Valentina Carmona, profesional del centro, la decisión se tomó luego de reiterados llamados a las administraciones que en los últimos dos años han estado en encargos, para que se garanticen los derechos de los trabajadores y se mejoren las condiciones mínimas exigidas por la ley
Más de 100 colaboradores del Centro Zonal Sincelejo, adscrito al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, regional Sucre, se declararon en Asamblea Permanente ante lo que califican como graves deficiencias en infraestructura, falta de personal y condiciones laborales inadecuadas para la prestación del servicio.
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Según explicó Valentina Carmona, profesional del centro, la decisión se tomó luego de reiterados llamados a las administraciones que en los últimos dos años han estado en encargos, para que se garanticen los derechos de los trabajadores y se mejoren las condiciones mínimas exigidas por la ley. «Este lugar antes era una bodega que fue adaptada como oficina, pero hoy somos más de 100 personas trabajando en un espacio que no cumple con lo necesario. No tenemos aire acondicionado, los equipos ya cumplieron su vida útil, no contamos con suficientes escritorios y las sillas están en mal estado, incluso algunas están reparadas con tubos de PVC», señaló Carmona.
La funcionaria también denunció la falta de servicios básicos. Aseguró que servicio de agua es escaso y que en varias ocasiones ni siquiera hay suministro para trabajadores y usuarios, situación que afecta directamente la atención que se brinda.
A esto se suma un grave déficit de personal. El centro zonal, que atiende procesos de protección, primera infancia, y violencia sexual, debería contar con 13 defensorías de familia y equipos técnicos completos; sin embargo, varias vacantes no han sido reemplazadas tras renuncias y traslados, lo que ha generado una sobrecarga laboral para quienes permanecen en planta.
Otro de los puntos críticos es la contratación del personal de apoyo. De acuerdo con la denuncia, los contratistas no inician labores desde el comienzo del año y sus contratos solo se extienden hasta el mes de agosto de 2026, lo que deja en incertidumbre la cobertura eficiente en los servicios entre agosto y diciembre, pese a que la atención no puede suspenderse. El área de nutrición enfrenta una grave crisis: solo cinco profesionales atienden todas las defensorías, lo que ha colapsado la capacidad de respuesta.
Aunque la directora regional (e), Katia Soto, se reunió con los trabajadores, no se fijaron plazos concretos, por lo que estos decidieron mantener la Asamblea Permanente hasta obtener soluciones claras.
Los funcionarios advirtieron que su intención no es suspender la atención a la ciudadanía, sino visibilizar una problemática que, aseguran, afecta tanto al talento humano como a la calidad del servicio.
