Un contrato de helicópteros para el transporte de personal para tareas de mantenimiento del oleoducto Caño Limón – Coveñas llevó a los funcionarios de la Superintendencia a realizar la inspección.
Un contrato cuyo objeto es la prestación del servicio de helicópteros para transportar personal técnico que realiza las tareas de mantenimiento al oleoducto Caño Limón – Coveñas tiene en el ojo del huracán a la administración de Ecopetrol.
Ayer miércoles, un grupo de peritos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), realizó una visita de inspección a las instalaciones de la petrolera en Bogotá. En la diligencia, que terminó en allanamiento, se realizó el decomiso de celulares y computadores de sus directivos.
El proceso fue confirmado por Ecopetrol, que a través de un comunicado señaló que desde ayer la petrolera “se encuentra atendiendo en sus oficinas de la ciudad de Bogotá una visita administrativa de la Delegatura para la Protección de la Competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)”.
A renglón seguido la compañía aseguró que “dicha visita, que continúa en el día de hoy, ha sido atendida con toda disposición y colaboración por parte de la Empresa y de los funcionarios que fueron entrevistados en la visita”.
Ecopetrol finaliza el comunicado manifestando toda su “colaboración con la Superintendencia en las gestiones que realiza para proteger la libre competencia, y se abstiene de suministrar públicamente detalles de la visita administrativa para preservar la reserva legal a la cual están sometidas estas actuaciones”.
Esto ocurre justamente el día en el que se celebra la Asamblea ordinaria de Accionistas de Ecopetrol, y a pocas horas de que Felipe Bayón deje la presidencia de la compañía.
A través de un comunicado, la SIC señaló que ante la difusión de información que estaría relacionada con la realización de visitas administrativas en la sede de Ecopetrol no se pronunciará en detalle del proceso ya que existe la reserva legal que cobija las actividades que realiza en el marco de la etapa preliminar de sus actuaciones administrativas como lo establece el artículo 13 de la Ley 155 de 1959.
“Esa reserva legal ampara, entre otras actividades, la realización de visitas administrativas, la información obtenida en esas diligencias y la práctica de declaraciones. En consecuencia, por mandato legal la Superintendencia de Industria y Comercio no puede realizar pronunciamientos al respecto”, señala el comunicado de la entidad.
Así mismo, la entidad recalca que, es importante aclarar que la etapa preliminar de su actuación está orientada a determinar si es necesario adelantar una investigación formal por la comisión de infracciones contra el régimen de protección de la competencia. Por lo tanto, en la etapa preliminar no existe una investigación y ninguna persona tiene la calidad de investigada o sancionada”.
“Por último, la Superintendencia informa que en todas sus actuaciones administrativas adopta las medidas idóneas establecidas en la normativa aplicable para garantizar el carácter reservado de la información”, señala la nota de la SIC.