Por: B. Saavedra – J. Uribe
También alertan riesgos de politización en concurso docentes anunciado en la Universidad del Atlántico.
La Asociación Sindical de Docentes, Directivos y Trabajadores (ADT) interpuso una queja formal ante la Superintendencia Nacional de Salud por la situación que enfrenta la Unidad de Salud de la Universidad del Atlántico.
El sindicato asegura que la entidad no está garantizando la prestación adecuada del servicio a sus afiliados y advierte sobre una presunta vulneración del derecho fundamental a la salud.
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En el documento, la ADT señala que actualmente “no está garantizando la prestación oportuna, continua e integral de los servicios de salud a sus afiliados”. Entre los hechos expuestos, menciona la inexistencia o suspensión en la contratación de personal médico, asistencial y administrativo necesario para la operación del servicio, lo que estaría afectando el funcionamiento regular de la unidad.
Asimismo, el sindicato advierte que no se han celebrado o renovado contratos con prestadores externos como IPS, especialistas, laboratorios y centros diagnósticos, situación que, según indica, impide el acceso efectivo a consultas, procedimientos, exámenes y tratamientos. Esto ha generado “cancelaciones reiteradas de citas, demoras injustificadas, ausencia de especialistas y falta de continuidad en tratamientos médicos”.
La organización también subraya que la población afiliada está compuesta mayoritariamente por personas de la tercera edad, muchas de ellas con enfermedades crónicas, degenerativas y de alto costo. A su juicio, la ausencia de contratación y de red de prestadores “pone en riesgo directo la vida y la estabilidad clínica de los afiliados”, especialmente tratándose de adultos mayores con patologías complejas.
En la queja, la ADT solicita a la Superintendencia Nacional de Salud adelantar una visita de inspección, vigilancia y control; verificar el estado actual de contratación de personal asistencial y red de prestadores; ordenar medidas preventivas y correctivas inmediatas; evaluar la posible imposición de sanciones administrativas; y adoptar medidas urgentes que garanticen la continuidad de tratamientos médicos a los afiliados de alto riesgo. “La situación descrita no puede prolongarse sin que se comprometa seriamente la vida y la salud de los usuarios”, concluye el comunicado.
Alertan posible politización en concurso docente universitario
Continua el clima de crisis administrativa, financiera en la Universidad del Atlántico con el anuncio de apertura de un nuevo concurso docente, tras nueve años sin convocatorias de este tipo.
El rector encargado, Rafael Castillo, informó recientemente su intención de abrir el proceso para fortalecer la planta ocupando 100 vacantes. Sin embargo, el anuncio llega en momento de polémicas vinculaciones como la de Jorly Berdugo Pérez, hermano del viceministro del Interior, Jaime Berdugo, o el excandidato a la rectoría, Wilson Quimbayo, quien fue respaldado por el ministro Benedetti.
Fernando Cabarcas, profesor de planta y representante de los docentes ante la Comisión de Vigilancia de la Carrera Administrativa de la institución, advirtió que antes de hablar de un nuevo concurso público, la universidad debería cumplir con el proceso de formalización laboral de profesores catedráticos y ocasionales que llevan entre 10 y 15 años vinculados con contratos temporales.
“Con estos últimos movimientos que se han hecho, uno colige que eso tiene un interés o unos pagos de favores políticos, que definitivamente él es el rector y él es el nominador, pero que sí, nosotros desde acá estamos mirando con preocupación ese tipo de actuaciones, que sería preocupante que la administración de turno esté mirando ese concurso con, diría yo, vaya a la redundancia, con una mirada politiquera, creo que nosotros no vamos a aceptar esa mirada”, dijo Cabarcas.
Cabarcas denunció que el rector encargado lo habría excluido de dos reuniones de la Comisión de Vigilancia de la Carrera Administrativa, pese a ser representante elegido democráticamente por los profesores. Aseguró haber elevado una solicitud formal y remitido copia a la Procuraduría, advirtiendo que desconocer su investidura podría acarrear consecuencias disciplinarias.
“El señor rector, Rafael Castillo, me viene desconociendo como representante porque ha elaborado dos reuniones y a mí no me ha invitado. Realmente ese tipo de actitud lo que compromete son sus funciones de tipo administrativo, sujeto a procesos disciplinarios y de pronto hasta penal, porque él no puede reconocer al representante que fue elegido democráticamente por los profesores ante esa comisión de vigilancia”, sostuvo.
El docente recordó que la autonomía universitaria, consagrada por la Constitución, debe ser garantía de independencia frente a intereses partidistas
