(CNN Español) — Más de 35 países en todo el mundo —entre los que se incluyen Ecuador, Brasil, Panamá y otros latinoamericanos— han reconocido en sus sistemas jurídicos de una u otra forma la existencia de los llamados «Derechos de la Naturaleza», según las cifras del Earth Law Center, es decir que la naturaleza tiene derechos específicos, por ejemplo los derechos a existir, a desarrollarse y a que se la repare en caso de daños.
Los titulares sobre el reconocimiento legal de ecosistemas o elementos de ciertos ecosistemas se están multiplicando en la actualidad, resultado de un proceso de décadas de duración: organizaciones como la Alianza global para los Derechos de la Naturaleza marcan el primer hito de este costoso camino en 1972, con la publicación de un artículo seminal en una revista académica californiana que describía como, en virtud de la legislación de entonces, se consideraba que la naturaleza carecía de derechos que pudieran defenderse.
El cambio de paradigma
Desde entonces, los Derechos de la Naturaleza se han convertido en un instrumento jurídico «que permite que la naturaleza, total o parcialmente, es decir, los ecosistemas o las especies, tengan derechos inherentes y deban tener legalmente la misma protección que las personas y las empresas; que los ecosistemas y las especies tengan derechos legales a existir, prosperar y regenerarse», explica la Plataforma Intergubernamental Científico-normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES).
Ya no se trata de proteger el medio ambiente por los beneficios para los seres humanos, lo que respondería a una noción antropocéntrica, sino de protegerlo por su valor intrínseco, que responde a un «paradigma ecocéntrico», en palabras de IPBES. Como explica el Earth Law Center, «el reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza implica un cambio de paradigma en que las entidades naturales como ríos, bosques y mares dejan de ser objetos de explotación y son reconocidos como sujetos de protección jurídica, los cuales pueden invocar sus propios intereses jurídicos a través de sus representantes legales, independiente de los beneficios que reportan a la humanidad».
Un país latino, pionero en reconocer los derechos de la naturaleza en su Constitución
El reconocimiento de los Derechos de la Naturaleza existe hoy en diferentes países, con instrumentos legales y grados de alcance diversos: puede ir desde disposiciones de gobiernos locales para un elemento en específico a derechos constitucionales.
En ese sentido, Ecuador se convirtió en 2008 en el primer país del mundo en reconocer en su Constitución a la naturaleza como un sujeto de derechos.
«La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos», comienza el artículo 71 de la Carta Magna, que avanza diciendo que «toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública el cumplimiento de los derechos de la naturaleza».
Numerosos casos se han batallado en los tribunales desde este reconocimiento constitucional.
Cuatro años después, en 2012, entraría en vigor en Bolivia la «Ley marco de la madre tierra y desarrollo integran para vivir bien» que, reconociendo los derechos de la naturaleza, hace énfasis en un concepto de vivir bien como «vivir en complementariedad, en armonía y equilibrio con la Madre Tierra y las sociedades».
En los últimos años, Latinoamérica ha sido testigo del reconocimiento de cada vez más derechos de la naturaleza tanto por la vía de las leyes como de fallos de la Justicia. A continuación, un repaso de alguno de los hitos de 2023 y 2024.
Las tortugas marinas panameñas
Tortugas golfinas (Lepidochelys olivacea), también conocidas como tortugas Lora, fotografiadas antes de ser liberadas en la playa de Punta Chame, a unos 100 km al sur de Ciudad de Panamá, el 13 de noviembre de 2022. (Crédito: Luis Acosta/AFP/Getty Images)
Panamá reconoció a través de una ley promulgada en 2023 los derechos inherentes de las tortugas marinas (y sus habitats) a «vivir y tener paso libre en un ambiente sano, libre de contaminación y otros impactos antropocéntricos que causan daño físico y a la salud como el cambio climático, la contaminación, la captura incidental, el desarrollo costero y turismo no regulado».
Un año antes, en el país ya se había aprobado una ley que reconocía a la naturaleza como sujeto de derecho y hacía explícitas las obligaciones del Estado y las personas para la protección de esos derechos.
El río Maraño en Perú
Las mujeres del pueblo indígena kukama, asentadas en la Amazonía peruana, obtuvieron una gran victoria legal en marzo de este año al lograr que la Corte Superior de Loreto reconociera los derechos del río Maraño.
«En la cosmovisión del pueblo kukama, el río es un ser vivo que alberga diferentes formas de vida, así como a los antepasados kukama», explica el Earth Law Center que apoyó el caso.
La justicia dictaminó que el río tiene los derechos a fluir, a existir en y ayudar a mantener un ecosistema sano, a fluir libre de toda contaminación, a alimentar y ser alimentado por sus afluentes, a la biodiversidad, a ser restaurado y a la regeneración de sus ciclos naturales, entre otros.
Los derechos de la naturaleza en la Constitución del Estado de México
El Congreso del Estado de México aprobó en abril de este año reformas a su Constitución estatal para reconocer como sujetos de derecho a la «naturaleza o biodiversidad, especies endémicas y nativas».
No es el primero en hacerlo. Según el Eco Jurisprudence Motor, los estados de Colima, Guerrero, Oaxaca y Ciudad de México ya han reconocido también los derechos de la naturaleza.
Las olas del río Doce, en Brasil
Hace apenas algunas semanas, la Cámara Municipal de Linhares, en el estado brasileño de Espírito Santo, reconoció en su normativa los derechos de las olas de la desembocadura del río Doce, que en sus palabras «hacen del distrito una referencia nacional en surf».
La cámara explica cómo en 2015, con el derrumbe de una presa en Minas Gerais, «toda la región sufrió cambios ambientales, sociales y económicos», entre ellos una reducción de la potencia de estas populares olas.
La nueva ley, según explica la Alianza global para los derechos de la naturaleza, «reconoce los derechos intrínsecos de las olas a existir, regenerarse y mantener su equilibrio ecológico, lo que supone un paso importante hacia la protección de estas maravillas naturales».
También en Brasil, el consejo de la ciudad de Goiás garantizó derechos legales al río Vermelho en junio de este año.
Acerca del autor
- Ángela Reyes Haczek