Ayapel. La finca ‘El Oriente’, un predio privado ubicado en el sector Santa Cecilia del municipio de Ayapel, fue invadido desde hace más de un año y lo que empezó como simples cambuches se ha convertido en viviendas construidas en cemento, conformando así lo que sus habitantes llaman ‘Nuevo Oriente’.
La invasión ha crecido tanto que incluso han establecido comercios como tiendas y billares y hasta instalado postes de energía.
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El dueño del terreno asegura estar desesperado e impotente por la imposibilidad de acceder a su propiedad y al ver que ha agotado todas las instancias para solucionar esta problemática y que nadie le ha dado respuesta, ha decidido denunciar públicamente esta ocupación ilegal.
En conversación con El Meridiano, la abogada del caso, Nazarena Hoyos, señaló que el propietario ha agotado todas las vías legales posibles sin obtener solución. «Hemos presentado derechos de petición, tutelas, demandas reivindicatorias y denuncias penales, pero hasta el momento no se ha logrado una intervención efectiva por parte de las autoridades», expresó Hoyos.
La situación se agrava con las problemáticas que han surgido dentro de la ocupación, como el presunto comercio de estupefacientes y daños ambientales. «Los invasores han desviado una quebrada que atraviesa el predio para poder construir sus viviendas, lo que ha generado un impacto ambiental que hasta ahora tampoco ha sido atendido», denunció la abogada.
¿Dónde quedaron las promesas?
El alcalde de Ayapel, Hugo Pinedo, visitó esta invasión durante su campaña electoral y prometió a los ocupantes que, de ser elegido, adquiriría hasta 10 hectáreas del predio para legalizar su permanencia. Sin embargo, ya en el cargo, ni ha comprado el terreno ni ha gestionado la reubicación de estas familias. En su lugar, se ha dedicado a entregar mercados y apoyar jornadas de siembra de árboles en esta zona, a pesar de conocer el pleito legal que tiene esta invasión.
El dueño de ‘El Oriente’ y su representante legal hacen un llamado urgente a las autoridades competentes y entes de control para que atiendan esta situación que afecta tanto su derecho a la propiedad privada como la estabilidad de quienes han ocupado el terreno.