El director general del IGAC, Gustavo Marulanda Morales, explicó en Noticias Caracol que el país enfrenta un rezago catastral histórico que en algunas zonas rurales data de hace 20 o 30 años. Situación genera protestas en cuatro departamentos de Colombia.
En las últimos días, en algunos departamentos de Colombia, entre los que destacan Santander, Boyacá, Cundinamarca y Norte de Santander, se han convertido en el epicentro de intensas protestas sociales. El motivo principal es el rechazo generalizado a la reciente actualización del avalúo catastral de los predios, un proceso liderado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC) que ha derivado en incrementos que muchos ciudadanos califican de impagables.
La situación más crítica se ha vivido en el departamento de Santander, el cual quedó prácticamente incomunicado por aire y tierra. Los bloqueos, que han superado las 24 horas de duración, se han concentrado en puntos estratégicos como el peaje de Lebrija y la vía al aeropuerto Palonegro, obligando a la cancelación de operaciones aéreas. En total, se han reportado 16 puntos de bloqueo que afectan las rutas hacia Cúcuta, la troncal del Magdalena Medio, Barrancabermeja y la capital del país.
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Asimismo, en Norte de Santander, el cierre de vías ha dejado a cientos de vehículos represados, poniendo en peligro productos perecederos y generando pérdidas millonarias en las terminales de transporte.
¿Por qué subió tanto el avalúo? La explicación del IGAC
Ante este escenario, el director general del IGAC, Gustavo Marulanda Morales, explicó que el país enfrenta un rezago catastral histórico que en algunas zonas rurales data de hace 20 o 30 años. Según el funcionario, existen predios cuya relación entre el avalúo catastral y el valor comercial era de apenas el 4 por ciento.
“Lo que ha venido pasando en este país es que, desafortunadamente, no hemos la tarea durante 30 años y hay un rezago en los valores catastrales que datan de esa fecha”, anotó.
Por ejemplo, fincas que figuraban con un valor de 20 millones de pesos en los registros oficiales, hoy tienen un valor comercial de 100 millones o más; «sincerar» esa realidad implica, necesariamente, un aumento porcentual significativo en el papel, consideró Marulanda.
Para determinar estos nuevos valores, el IGAC se ha centrado en el valor del suelo, dejando de lado por ahora las construcciones o el uso específico de la propiedad. El criterio fundamental es la agrología, que mide la capacidad de uso y vocación del suelo (qué tan productivo o fértil es). Además, el instituto utiliza datos de más de 30 millones de transacciones del mercado inmobiliario, información del sistema financiero y registros de la Superintendencia de Notariado y Registro para ajustar los precios a la realidad del territorio.
El impacto para las personas y los límites legales
Los testimonios de los habitantes rurales reflejan una angustia profunda. Campesinos reportan que sus avalúos pasaron de 20 millones a 155 millones de pesos, o incluso de 191 millones a más de 2.000 millones. Esta situación ha llevado a que lleguen recibos del impuesto predial con cobros de hasta 35 millones de pesos, según las denuncias recibidas en Noticias Caracol, cifras que resultan inalcanzables para quienes viven del campo.
“No importa el incremento del avalúo catastral porque los impuestos están controlados por la ley para que al contribuyente no se le golpee el bolsillo”, dijo.
Sin embargo, el IGAC aclara un punto vital para la tranquilidad del ciudadano: el incremento del avalúo catastral no debe traducirse proporcionalmente en el aumento del impuesto predial. Existen protecciones legales para evitar que el bolsillo del contribuyente sufra un golpe desmedido:
- Ley 1995 de 2019: establece que para el 98 por ciento de los predios (aquellos con menos de 100 hectáreas), el impuesto predial no puede crecer más del 50 por ciento respecto al año anterior, sin importar cuánto haya subido el avalúo.
- Ley 44 de 1990: define que, para predios de mayor extensión, el tope máximo de incremento del impuesto es del 100 por ciento.
Por lo tanto, si un ciudadano pagaba 200.000 pesos de impuesto, lo máximo que debería pagar tras la actualización serían 300.000 pesos (bajo el límite del 50 por ciento), aun si su avalúo subió un 600 por ciento.
Responsabilidades y soluciones
El director del IGAC enfatiza que mientras su institución se encarga del avalúo (el valor técnico del predio), son las administraciones municipales las responsables de liquidar y cobrar el impuesto. El problema actual radica, en gran medida, en que muchas alcaldías o las empresas de software que contratan para liquidar los impuestos no han incorporado estas novedades legales, resultando en cobros mal liquidados.
El Gobierno ha manifestado que mantiene las puertas abiertas al diálogo a través de mesas de trabajo técnicas para ajustar novedades y corregir errores, como ya se está haciendo en municipios como San Gil, Barichara y El Socorro, en Santander.
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