PERÚ:
El exjefe del Grupo Terna en Lima, coronel (r) Walter Palomino, fue capturado en un megaoperativo junto a otros ocho policías por presuntamente formar parte de Los Incorregibles de SJM.
La lucha contra la corrupción dentro de la Policía ha desatado una nueva tormenta institucional. En un megaoperativo ejecutado en 13 inmuebles simultáneamente en Lima Metropolitana, Iquitos, Casma y Cañete, fue detenido Walter Palomino Simón, coronel en retiro y exjefe del Grupo Terna de Lima, junto a ocho suboficiales activos y en retiro, por estar involucrados en una red criminal que operaba desde dentro de la propia estructura policial.
El caso, investigado por más de dos años a la organización criminal Los Incorregibles de San Juan de Miraflores, ha revelado el funcionamiento de una presunta organización criminal integrada por agentes que utilizaban su poder institucional para favorecer a reos, filtrar información judicial, alterar pruebas y negociar traslados penitenciarios a cambio de coimas.
¿QUIÉNES SON LOS DETTENIDOS?
Encabeza la lista Walter Palomino Simón, un alto mando policial retirado a inicios de 2025 mediante resolución del entonces ministro del Interior, Juan José Santiváñez. Palomino no solo dirigió el Grupo Terna —conocido por su intervención en delitos callejeros—, sino que también ejerció cargos claves en la División de Inteligencia Criminal (Divincri) de Trujillo.
Acompañan al coronel en retiro ocho suboficiales de primera y segunda, con funciones en diversas regiones del país, identificados como:
S3 PNP Jair Paolo Putuquia Sánchez, perteneciente a la Depincr SJM – Sección de Inteligencia
S3 PNP José Miguel Magallanes Saravia, perteneciente a la Divpol Sur 2 Depoeop
S2 PNP Gerso Guillermo Ramírez Farfán, perteneciente a la Depincri Villa El Salvador
S2 PNP Alessandro Abelardo Chen Ramos, perteneciente a la Comisaría de Dulanto B – Callao
S3 PNP Jorge Luis Bohorquez Roncal, perteneciente a la Depincri Villa El Salvador
SS PNP Marlon Gonzalo Cóndor Mejía, perteneciente a la Brigada Especial Contra el Crimen – Lima Norte
S3 PNP Edward Javier Palomino Ramos, perteneciente a la Depincri Villa El Salvador
S2 PNP Christians Bonifacio Suna, perteneciente a la Depincri SJM – Sección de Inteligencia
A dicha lista se suman otros tres agentes y un civil que no fueron ubicados. Se trata del ST3 PNP José Martín Aguilar Roncal, perteneciente a la Depincri El Agustino; el S3 PNP Erick Alejandro Bernal Caldas, de la Oficri Callao; el CAP PNP Jorge Luis Vicente Rojas, de Carreteras Casma; y la ciudadana Susan Cordero Cárdenas.
La operación incluyó además el ingreso al penal de Ancón I, donde permanecen recluidos tres exsuboficiales implicados en la misma red: Luis Cotrina Pereda, Eduardo Calderón Fuentes y Edward Revalo Geldres, acusados de continuar coordinando actos delictivos desde prisión en complicidad con agentes en libertad.
De acuerdo con la División de Inteligencia de la Inspectoría General de la PNP (DIVIIG–IGPNP) y la Fiscalía Anticorrupción de Lima Sur, la organización operaba con una estructura sólida y roles definidos. Usando sus cargos, los agentes accedían a información sensible sobre investigaciones, internos y operativos, que luego era utilizada para alterar o destruir documentos probatorios.
Según la investigación, a cargo del fiscal provincial Hugo Fredy Minaya Paulino, entre los años 2021 y 2022 los hoy detenidos habrían ‘sembrado’ droga y armas a personas intervenidas durante operativos irregulares, para luego exigirles pagos de dinero a cambio de dejarlos en libertad.
Así, aprovechaban que algunos de ellos tenían antecedentes para presentarlos como culpables de diversos delitos. Esta simulación les habría permitido obtener ingresos económicos ilegales y reconocimientos en la institución policial.
El vínculo con el crimen organizado era tan directo que muchos de los beneficios se coordinaban desde celulares en penales, en contacto permanente con los agentes.
PRUEBAS
La investigación inició en 2022 tras una serie de denuncias internas y fue reforzada por un minucioso seguimiento de inteligencia. El Ministerio Público autorizó interceptaciones telefónicas, vigilancia física y electrónica, y el análisis de comunicaciones entre los sospechosos y reclusos en penales como Ancón.
Entre las pruebas más reveladoras se encuentran grabaciones de conversaciones entre policías y reos condenados por extorsión, donde se acordaban pagos para conseguir traslados, liberar a cómplices o alterar informes periciales.
Además, durante el operativo se incautaron dispositivos electrónicos, laptops, celulares, USBs y documentos físicos, actualmente bajo análisis técnico y pericial.
El operativo se desarrolló en 13 inmuebles simultáneamente en Lima Metropolitana, Iquitos, Casma y Cañete, revelando la dimensión nacional de la red. Se intervinieron el Depincri Villa El Salvador, Depincri San Juan de Miraflores, la Brigada Especial contra el Crimen y la Comisaría de Dulanto (Callao)
Estos espacios eran clave para la organización: desde allí se manipulaban expedientes, se coordinaban con internos y se gestionaban procedimientos encubiertos. Algunas comisarías, incluso, habrían sido utilizadas como centros de operaciones delictivas.
DELITOS
Todos los implicados enfrentan cargos por organización criminal, corrupción de funcionarios, falsedad ideológica, omisión de actos funcionales y encubrimiento real.
Por la gravedad de los delitos, el Ministerio Público solicitará prisión preventiva, mientras que la Inspectoría General de la PNP ha iniciado procesos de sanción que podrían culminar en expulsión definitiva para los agentes en actividad.
El proceso está bajo reserva judicial, pero se sabe que los fiscales también investigan presuntas conexiones con redes criminales externas, incluyendo bandas dedicadas a la extorsión, sicariato y tráfico de drogas.