Imagen de referencia de medicamentos. Foto: Getty Images / Marko Geber
Brian Saavedra Torres
La crisis del sistema de salud obliga a familias a compartir fármacos y acudir a la justicia para garantizar tratamientos vitales.
La grave crisis que enfrenta el sistema de salud en Colombia ha llevado a familias del Atlántico, especialmente con niños y adultos en condición de discapacidad, a situaciones extremas: prestarse medicamentos entre sí para poder sobrevivir.
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Así lo denunció Rosalba Amaranto, presidenta de la Asociación APADEU, reconocida en Barranquilla por su trabajo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Amaranto advirtió que la falta de suministro de medicamentos está poniendo en riesgo la vida y bienestar de decenas de familias.
“La situación es muy dura. A veces, entre las familias, tenemos que prestarnos los medicamentos para que nuestros hijos no se descompensen. Si a una mamá le sobran cinco dosis, le presta a la otra que tiene a su niño convulsionando, mientras le llegan los suyos. Vivimos en un círculo desesperante: préstame, yo te devuelvo, préstame mientras consigo. Quien puede comprar el medicamento lo hace con mucho esfuerzo, porque son de alto costo y controlados. Y ahora las EPS se excusan diciendo que hay desabastecimiento, pero eso no es cierto. La misma doctora Nini, de la oficina nacional de protección al paciente, lo dijo públicamente: ninguna EPS ni farmacia puede alegar desabastecimiento sin una certificación del Invima”, explicó.
Las tutelas, último recurso ante el abandono
Según la líder, entre 10 y 20 tutelas diarias son radicadas por APADEU para exigir atención médica oportuna y cumplimiento de tratamientos, reflejo de un sistema judicial saturado por la ineficiencia del sector salud.
“Las tutelas son un mecanismo que nos ayuda, pero lamentablemente muchos gerentes de las EPS ya no respetan los fallos judiciales. Lo más triste es que, aun con todas las pruebas médicas y clínicas, los juzgados terminan favoreciendo el debido proceso de las EPS. Presentamos historias clínicas, soportes y diagnósticos que demuestran la urgencia del servicio, pero muchas veces los jueces vuelven a dejar la decisión sobre la salud del paciente en manos de los mismos gerentes que incumplen. Y eso no debería pasar, porque la Corte Constitucional ha reiterado una y otra vez que los conceptos de los médicos externos también tienen plena validez y deben ser tenidos en cuenta”, sostuvo Amaranto, quien también señaló que muchas EPS e IPS no acatan las órdenes judiciales, agravando el sufrimiento de los pacientes.
Un problema que se agrava
El panorama coincide con las cifras presentadas por la Defensoría del Pueblo, que alertó desde Barranquilla un preocupante aumento del 34,1 % en las tutelas por salud entre enero de 2024 y julio de 2025.
Durante el mismo periodo, las reclamaciones ante la Superintendencia Nacional de Salud también subieron un 34,2 %, alcanzando más de 685.000 quejas, principalmente por la falta de medicamentos incluidos en el Plan de Beneficios en Salud (PBS).
