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Decreto de emergencia económica puso a hacer cuentas a la Gobernación por alza de impuestos a licores.
“El Gobierno se quedará con todo el crecimiento de la FLA”, anticipó Andrés Julián Rendón. También alertan por incremento del licor adulterado.
El panorama para los consumidores de licores y los ingresos que de estos se derivan para salud y educación en los departamentos dio un giro drástico tras la expedición del Decreto 1474 por parte del Ministerio de Hacienda. Esta medida, adoptada bajo el marco de una emergencia económica, busca cubrir el déficit fiscal del Presupuesto General de la Nación para el año 2026. Sin embargo, el impacto inmediato no solo se siente en las tiendas, bares y estancos de Antioquia desde el 1 de enero, sino en las cuentas de la Fábrica de Licores de Antioquia (FLA) y la Gobernación, que estiman pérdidas de más de $40.000 millones.
Según lo dispuesto por el Gobierno Nacional, el IVA para los licores fuertes, como el aguardiente, el ron, el whisky y el brandy, pasará de una tarifa del 5% al 19%. A este incremento se suma un ajuste en el impuesto al consumo, que ahora se fijará en un 30% sobre el valor total de cada botella. Estas cifras se traducen en un aumento considerable del precio final.
Para ponerlo en términos claros, una botella de Aguardiente Antioqueño de 750 ml, que actualmente tiene un costo cercano a los $50.000, podría pasar a valer aproximadamente $63.000. La FLA ha señalado que solo por concepto de impuestos, esta botella que antes pagaba $17.500 ahora deberá tributar cerca de $33.000, lo que representa un incremento del 50% para el bolsillo del ciudadano. Por su parte, el Ron Medellín experimentará un alza del 48%; mientras que una botella de whisky que hoy cuesta $63.980 llegará a los $94.690.
El gerente de la FLA, Esteban Ramos, calificó estas medidas como una carga tributaria que podría alcanzar el 90%, algo que considera “insostenible para la industria”. La empresa advierte que este desproporcionado aumento en los costos no solo pone en riesgo la estabilidad financiera de la empresa más importante del departamento, sino que también amenaza la seguridad de los antioqueños. Uno de los mayores temores de la FLA es que el encarecimiento del licor legal fomente de manera desmedida el consumo de licor adulterado y el contrabando. “Esta emergencia tendrá efectos adversos sobre la salud pública”, manifestó Ramos, enfatizando que cuando el precio del producto oficial sube tanto, las mafias del licor ilegal encuentran un terreno fértil para operar, afectando colateralmente las finanzas territoriales.
Además, la gerencia de la FLA denunció que el Gobierno Nacional se está apropiando de recursos que constitucionalmente pertenecen a las regiones. Tradicionalmente, los impuestos a los licores han sido una fuente vital para financiar la salud y la educación, pero con este nuevo esquema, esos fondos se desviarán hacia el presupuesto general de la Nación para cubrir gastos centrales.
“Ataque a la autonomía”
El gobernador Andrés Julián Rendón se pronunció por la misma línea y no dudó en calificar al presidente Gustavo Petro como un “gran usurpador” que busca vulnerar la autonomía de los entes territoriales. En sus cálculos, la Gobernación perderá más de $40.000 millones anuales provenientes de la FLA, ya que el Gobierno Nacional absorberá todo el crecimiento derivado del recaudo.
Rendón advirtió que este decreto no solo “se mete en el rancho” de los antioqueños al usurpar el manejo de las finanzas, sino que genera un problema de gasto gigantesco. Debido a que muchas decisiones administrativas y erogaciones del Estado están atadas al salario mínimo —el cual también tuvo un incremento polémico—, los gastos de funcionamiento, las mesadas pensionales y los pagos de personal de la Gobernación se dispararán.
Incluso programas sociales emblemáticos están bajo amenaza. El gobernador explicó que el programa de vivienda de interés social se encarecerá al estar medido en salarios mínimos, y proyectos de formalización de empleo para mujeres en pobreza extrema verán reducido su alcance por el aumento en los costos de seguridad social.
Ante este escenario, Rendón espera que la Corte Constitucional valore el decreto de emergencia y frene lo que considera un ataque frontal al modelo económico regional.
“El último clavo del ataúd”
El sector del entretenimiento también ha alzado su voz de rechazo. Juan Pablo Valenzuela, presidente de la Asociación de Empresarios de Bares y Restaurantes (Asobares) en Antioquia, señaló que el incremento en los licores podría ser un golpe mortal para muchos negocios que ya venían golpeados por las reformas laborales.
Con el adelanto de la jornada nocturna y el aumento del salario mínimo, Asobares estima que los costos laborales totales podrían subir cerca de un 45%. Si a esto se suma un encarecimiento de su principal materia prima (los licores) de hasta un 30%, la formalización de empleo se vuelve “inviable”. En Antioquia, el gremio agrupa a unos 450 establecimientos, de los cuales el 97% son micro, pequeñas y medianas empresas que hoy enfrentan un riesgo real de desaparecer o pasar a la informalidad en 2026.
