Claustro San Agustín, sede principal de la Universidad de Cartagena. // Cortesía Unicartagena
El Ministerio de Educación sancionó a la UdeC y a dos directivos por demoras y omisiones en la atención de una denuncia de una estudiante.
La Universidad de Cartagena y varios de sus directivos fueron sancionados por parte del Ministerio de Educación Nacional, luego de que en un proceso se concluyera que hubo omisiones y demoras en la atención de una denuncia por violencia basada en género presentada por una estudiante.
La decisión es el resultado de una investigación administrativa que empezó en el 2023, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia del Gobierno sobre las instituciones de educación superior.
La actuación se originó en una queja radicada por una estudiante, quien cuestionó el trámite tardío y deficiente dado a su denuncia, especialmente la permanencia prolongada del caso en indagación preliminar, pese a que el reglamento estudiantil fija plazos cortos para definir si procede abrir investigación disciplinaria.
También alegó falta de información sobre el estado del proceso y dificultades para acceder al expediente, a pesar de que los protocolos institucionales garantizan ese derecho a las víctimas.
En su análisis, el Ministerio desestimó los argumentos de la defensa que atribuían los retrasos a incidentes procesales y a la autonomía universitaria. La decisión sostuvo que, aun existiendo normas y protocolos internos, no se actuó con la debida diligencia reforzada exigida en casos de violencia de género.
Según la autoridad, las demoras comprometieron la eficacia del proceso, generaron un riesgo real para los derechos de la denunciante y permitieron que el presunto agresor (un estudiante), se retirara de la institución antes de que quedara en firme una sanción disciplinaria.
En consecuencia, el Ministerio declaró probados los cargos contra la Universidad de Cartagena y dos de sus funcionarios. A la institución le impuso una multa de 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes, equivalente a $85,4 millones, por incumplir el deber de activar de manera oportuna y eficaz la ruta de atención e investigación prevista en su protocolo contra violencias basadas en género.
Sanción contra directivos de la Universidad de Cartagena por denuncia de estudiante
Asimismo, sancionó al rector William Malkún Castillejo con una multa de 50 salarios mínimos ($71,1 millones), al considerar que omitió garantizar el cumplimiento de los lineamientos y órdenes ministeriales en esta materia. Al decano de la Facultad de Ciencias Económicas, José David Patiño Mercado, le impuso una multa de 40 salarios mínimos ($56,9 millones), por permitir dilaciones injustificadas en la indagación y en el inicio del proceso disciplinario, en contravía de los principios de celeridad y eficacia.
En contraste, el Ministerio absolvió al vicerrector de Bienestar Universitario, Miguel Enrique Camacho Manjarrez, al declarar no probado el cargo formulado en su contra.
La resolución también ordenó remitir copia del acto al Consejo Nacional de Acreditación y a las dependencias de aseguramiento de la calidad, sin adoptar medidas sobre la acreditación institucional, y dejó en firme las sanciones una vez agotados los recursos administrativos.
