En el predio estarían los cuerpos de por lo menos 400 víctimas de crímenes de Estado.
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Por orden de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), en el cementerio La Dolorosa de Puerto Berrío, no se podrán hacer inhumaciones en por lo menos 352 puntos donde estarían cerca de 400 cuerpos de víctimas de desaparición forzada.
La Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, también ordenó clausurar los cinco osarios comunes, “donde se encuentran revueltos cuerpos no identificados exhumados de manera irregular, hasta tanto la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), la Fiscalía General o la JEP ordenen la recuperación de los cuerpos”.
El tribunal identificó una celda de custodia donde se encuentran al menos 42 cuerpos exhumados ilegalmente por la parroquia Nuestra Señora de los Dolores.
Los magistrados de la JEP manifestaron que «es necesario adoptar medidas cautelares urgentes para proteger los lugares donde se ha evidenciado que existe presuntamente cuerpos no identificados de víctimas del conflicto en riesgo (…) y que sin lugar a dudas constituyen además de un significado moral y espiritual para los familiares de las víctimas».
Las medidas cautelares además obligan a Gustavo Ernesto Medina, alcalde de la localidad, a realizar encerramiento perimetral del cementerio y al Personero del municipio adelantar campañas de sensibilización, con el fin de evitar prácticas culturales que destruyan el rastro de los desaparecidos.
La sección se comprometió a realizar una inspección judicial, con el fin de recibir los cuerpos que presentan el mayor nivel de amenaza y que fueron ubicados por la parroquia en una “celda de custodia” que no reúne los requerimientos técnicos para la conservación y cuidado de restos óseos.
Después de las investigaciones solicitadas por el Movimiento de víctimas de crímenes de Estado (Movice), la JEP pudo establecer que los cuerpos de las personas no identificadas estaban en riesgo por exhumaciones ilegales y factores ambientales.