GUATEMALA:
Ministerio de Gobernación revela que en el país al menos 10 mil 841 personas están en prisión preventiva y que hacinamiento continúa.
El ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, y la cúpula de la Policía Nacional Civil (PNC) llegaron este martes 19 de agosto a la Comisión de Gobernación del Congreso para hablar sobre aspectos relacionados con la gestión penitenciaria y otros asuntos de seguridad en el país.
“Tenemos un hacinamiento muy fuerte”, indicó el ministro.
Jiménez explicó que actualmente hay 10 mil 841 personas en prisión preventiva y 12 mil 552 cumpliendo condena. En total, hay al menos 23 mil reclusos en las cárceles de Guatemala.
El ministro planteó la necesidad de una reforma que permita la liberación de unos 4 mil privados de libertad que ya cumplieron su condena.
Actualmente, se les impide salir porque no han podido pagar la multa o por problemas administrativos, según Jiménez.
Indicó que casi la mitad de los privados de libertad están en prisión preventiva, lo cual es anómalo para cualquier sistema penitenciario.
Explicó que las cárceles del país tienen capacidad para 6 mil internos, pero hay 23 mil; es decir, hay 17 mil más de los que pueden ser albergados.
Señaló que el control será posible únicamente cuando se elimine el hacinamiento.
Además, dijo que urge la construcción de infraestructura carcelaria para evitar el hacinamiento.
“El hacinamiento produce más corrupción en el sistema porque el contacto entre los guardias y los privados de libertad es permanente”, afirmó.
El ministro destacó las estrategias implementadas para prevenir el delito y combatir la criminalidad. También mencionó las acciones destinadas a reforzar los controles en las cárceles, con el fin de impedir el ingreso de ilícitos y evitar hechos delictivos.
Por otra parte, afirmó que trabajan para dotar de equipo adecuado a la PNC y al Sistema Penitenciario, con el fin de reforzar sus capacidades institucionales.
Respecto de la construcción de la cárcel de Masagua, en Escuintla, Jiménez indicó que el terreno presenta problemas registrales, por lo que se evalúa cómo proceder. Incluso, se analiza la posibilidad de trasladar el proyecto a otro terreno propiedad del Estado, ubicado en otro departamento.