Efraín Cepeda Tarud, presidente del Intergremial del Atlántico.//Archivo.
Por: El Universal
Los gremios y cámaras de comercio de Atlántico, Magdalena y La Guajira, están de acuerdo con este valor, pero que debe ser temporal.
Efraín Cepeda Tarud, presidente del Intergremial Atlántico, dijo que los gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, las cámaras de Comercio, apoyan la propuesta del Gobierno Nacional del incremento de 8 pesos por kilovatio hora para poder llegar a cubrir parte de la deuda que tiene hoy la empresa Air-e de 2.5 millones de pesos.
Indicó que con. ese aumento apenas cubre en un 40% el valor de la deuda y que el resto de la plata tendría que poner el Gobierno, pero, además, dicen que esta medida debe ser temporal y que no puede quedarse permanente.
“Por esa razón, aceptamos el incremento de 8 pesos por kilovatio hora en el componente de las restricciones de la tarifa de energía. Una medida que busca evitar, por ahora, por lo menos, una crisis generalizada de sistema”, dijo a Caracol Radio Barranquilla Efraín Cepeda Tarud.
El presidente del Intergremial del Atlántico manifestó que: “nuestro respaldo, además, está condicionado a que la medida sea temporal, con un plazo definido y metas verificables, que se demuestre que su costo es inferior al de un racionamiento y que se aclare jurídicamente que no es un impuesto ni un subsidio regional”.
Lo que proponen los gremios de Atlántico, La Guajira y Magdalena
Los gremios de Atlántico, La Guajira y Magdalena y Cámaras de Comercio de Barranquilla, Santa Marta y La Guajira respaldaron medida temporal para evitar apagones y una crisis en el Sistema Eléctrico Nacional.
La medida anunciada busca evitar una crisis generalizada del Sistema Eléctrico Nacional por el efecto de las obligaciones financieras vencidas de Air-e Intervenida con generadores, transmisores y otros agentes del mercado, que representan aproximadamente el 40% de la demanda de energía del país. Esas deudas, a corte de diciembre pasado, sumaron 2,5 billones de pesos, con crecimiento mensual cercano a los $145.000 millones, según datos del Ministerio de Minas y Energía.
La insuficiencia de caja operativa de Air-e Intervenida se está trasladando a los transmisores y generadores de energía, a tal punto que las termoeléctricas llegaron al límite de su capacidad de compra del gas que necesitan para operar y que tienen que pagar anticipadamente. Esa situación puede ocasionar apagones en la Región Caribe por la falta de generación de energía, y materializar el riesgo sistémico que enfrenta todo el Sistema Eléctrico Nacional.
El riesgo derivado de esta crisis en el Caribe no es un problema regional aislado, sino un reto que amenaza la continuidad del suministro de energía en todo el país por no contar con la generación térmica que le da soporte a todo el Sistema Eléctrico Nacional. Un colapso de Air-e y de las termoeléctricas expondría al país a un racionamiento generalizado. Gremios del Caribe.
El incremento propuesto equivale aproximadamente a un 1% adicional de lo que actualmente pagan los usuarios en sus facturas. Este es un esfuerzo colectivo de los usuarios que merece ser valorado porque contribuirá a garantizar la continuidad del servicio y a superar el riesgo sistémico que puede debilitar seriamente al sector eléctrico nacional.
La crisis obedece a la suspensión de la medida de limitación de suministro a comercializadores y distribuidores de la Región Caribe, la cual se aplica cuando dejan de pagarle a los generadores la energía que consumen, tal como lo establece la Resolución CREG 116 de 1998. Esa suspensión, ordenada por el Gobierno nacional, ha distorsionado las condiciones normales de operación del mercado, y tiene un fuerte impacto financiero en las termoeléctricas como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones de Air-e Intervenida.
Es evidente que el Gobierno nacional no tuvo un plan de gestión para asumir la administración que respaldara la intervención de Air-e y que no ha utilizado otras fuentes de recursos disponibles para darle la liquidez suficiente y mantenerla operando sin limitaciones financieras.
Con base en esas consideraciones declaramos que, ante la inminencia de la materialización del riesgo sistémico y la premura de superarlo, se hace
ineludible aceptar la propuesta del Gobierno Nacional de incrementar en $8 kWh el componente de restricciones en las tarifas de energía para pagar parcialmente la deuda de Air-e Intervenida con generadores, transmisores y otros agentes del mercado mayorista.
Un tiempo finito de aplicación transitoria de la medida
“Nuestro respaldo a la medida está condicionado a que la propuesta de resolución establezca:
Un tiempo finito de aplicación transitoria de la medida, que se cumpla cuando se recaude el monto de los recursos para pagar la totalidad o parte de las deudas que tiene Air-e Intervenida con los agentes del mercado, de manera que se garantice la continuidad en el servicio que reciben los usuarios, y se restablezcan las condiciones financieras bajo las que opera el Sistema Eléctrico Nacional. Para ello la resolución debe fijar el monto a recaudar y el monto de las deudas a pagar y establecer datos técnicos medibles y verificables.
Un análisis que demuestre que el impacto del incremento en el costo de las restricciones, dentro de la fórmula tarifaria del servicio de energía, es inferior al costo que tendrían los racionamientos en la economía del país y la continuidad de la situación extraordinaria en la estabilidad del Sistema Eléctrico Nacional. Gremios
Una aclaración que precise los argumentos jurídicos que tiene el gobierno para sustentar que con el cargo transitorio a las tarifas no se busca que los usuarios de todo el país paguen por una energía consumida por los tres departamentos atendidos por Air-e Intervenida. Que tampoco se trata de subsidiar a los usuarios de la Región Caribe, facilitándoles el acceso al servicio de energía. Y que no se crea un impuesto porque el recaudo no ingresará al presupuesto de la Nación ni financiará gasto público.
Como el proyecto de resolución del Gobierno tiene un alcance parcial de solo el 50% de la deuda con los agentes del mercado, a corte de noviembre de 2025, y sigue creciendo mes a mes, se requiere que paralelamente la Superintendencia de Servicios Públicos consiga autorización del Ministerio de Hacienda para tener las garantías de la Nación que le permitan apropiar, a través del Fondo Empresarial, recursos que aseguren la continuidad en la prestación del servicio de Air-e Intervenida, tal como lo establece la Ley 812 de 2003. Con ese mismo propósito se pueden hacer operaciones de crédito público o créditos de tesorería otorgados por la Nación.
Más allá de la medida contemplada en el proyecto de resolución, se necesita con urgencia una solución estructural que implique un cambio del modelo de gestión del sistema eléctrico de la Región Caribe, teniendo en cuenta sus condiciones de pobreza extrema que supera ampliamente al promedio nacional, limita la capacidad de pago de los usuarios, profundiza la pobreza energética y es la causa principal del rezago en la prestación del servicio de energía.
