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Las decisiones del gobierno frente a solicitudes de extradición se han convertido en un eje de la política de paz total, con firmas y suspensiones que buscan mantener activos los diálogos con cabecillas de estructuras criminales requeridas por la justicia internacional.
Las decisiones del Gobierno frente a solicitudes de extradición se han convertido en una pieza central de la estrategia para mantener activos los diálogos de la política de paz total.
A través de suspensiones selectivas y aplazamientos en la firma de envíos ya avalados por la Corte Suprema de Justicia, el Ejecutivo busca preservar la interlocución con cabecillas de estructuras armadas ilegales, en un contexto marcado por presiones judiciales internas, solicitudes internacionales y cuestionamientos diplomáticos.
Hasta el 11 de diciembre, el despacho presidencial tenía pendientes 22 solicitudes de extradición que ya contaban con concepto favorable de la Corte Suprema, según informó El Tiempo.
Trece de esos casos corresponden a requerimientos formulados por autoridades de Estados Unidos, entre ellos el del cabecilla Giovanny Rojas, conocido como alias Araña.
En el caso de Araña, el Gobierno decidió frenar su envío a cortes federales mediante una resolución expedida en noviembre, condicionando la suspensión a que el jefe criminal entregue información verificable y aportes concretos al proceso de paz que se adelanta con la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano, una facción disidente de la Segunda Marquetalia.
Una decisión similar se adoptó meses antes frente a Gabriel Yepes Mejía, alias H. H., uno de los principales jefes de Comuneros del Sur, disidencia del ELN. En mayo, el presidente suspendió la orden de captura con fines de extradición contra Yepes Mejía, en el marco de las conversaciones que avanzaron hacia un proceso de desarme, el único que hasta ahora ha registrado una entrega de armas dentro de la política de paz total, realizada en un acto público en Samaniego, Nariño.
La medida generó reacciones en Washington. El Departamento de Estado expresó su preocupación por lo que consideró un posible debilitamiento del esquema de cooperación judicial y advirtió sobre el riesgo de crear escenarios de impunidad frente a delitos de alcance transnacional.
En julio, el Gobierno también suspendió de manera indefinida la extradición de Willinton Henao, alias Mocho Olmedo, jefe del frente 33 de las disidencias de las Farc, requerido por narcotráfico. Luego de su captura, Henao no fue recluido en un establecimiento carcelario, sino que permaneció durante cerca de dos meses en un apartamento en el norte de Bogotá, bajo custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia.
Pese a estas suspensiones, las cifras oficiales muestran que la extradición sigue siendo una herramienta utilizada por el Gobierno. Entre el 7 de agosto de 2022 y el 30 de noviembre de este año, se han registrado 769 extradiciones hacia 32 países, de las cuales 505 se realizaron a Estados Unidos.
La información se conoce pocos días después de que el presidente Gustavo Petro autorizara la extradición a Estados Unidos de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. La decisión pone de relieve un manejo diferenciado de las solicitudes. Mientras en algunos casos el Ejecutivo ha optado por mantenerlas suspendidas, en otros ha procedido a firmarlas, pese a que todas se sustentan en investigaciones por delitos de alta gravedad.
