La crisis financiera de la empresa que presta servicio de energía a cinco millones de personas en el Caribe podría estar vinculada a posibles actos de corrupción.
La empresa Air-e no solo enfrenta los cobros de las empresas generadoras de energía por deudas que superan los $1.5 billones, sino también por numerosos requerimientos que la Fiscalía le está realizando por posibles sobrecostos en la operación que impactarían en el presunto manejo irregular de cerca de $400 mil millones de pesos.
Se trata de una investigación por presunto hurto de alta cuantía se da a partir de una denuncia que interpuso el pasado 25 de abril el abogado Jaime Lombana, vinculado en el pasado como representante de Alberto Ríos Velilla, quien, como se recordará, era socio de la empresa antes de la intervención.
Según el abogado, durante la administración de los agentes interventores Carlos Diago y Edwin Palma se habrían presentado irregularidades multimillonarias, asociadas a posibles solicitudes de coimas, manejos asociados a corrupción y que sobre el tema ya le habrían negado la entrega de información a la Contraloría.
Todo indica que el hurto y la apropiación de recursos, que son de los ciudadanos, van a repercutir en un posible apagón y resquebrajamiento de las finanzas de la empresa. Esto puede traducirse en una no prestación del servicio», explicó.
En consecuencia con esta denuncia, la Fiscalía ha solicitado documentos como estados financieros correspondientes al periodo de la intervención (septiembre – octubre de 2024), copias de los contratos de vinculación de los 11 nuevos cargos directivos creados durante la intervención, copia del acuerdo de pago celebrado con Interaseo para el pago de más de $148.000 millones que hacían parte de una deuda que estaba en litigio.
«La Fiscalía ya sacó unas ordenes de policía judicial, en el sentido de dar a establecer lo sucedido. Lo que es más grave, lo que más preocupa a la ciudadanía, es que Air-e no entrega información, ni siquiera a los entes de control», señaló el abogado.