Según el informe de organizaciones sociales esta subregión es catalogada como el Triángulo de las Bermudas de la desaparición forzada y el reclutamiento.
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El Colectivo Buscadoras con Fé y Esperanza de Medellín, La Corporación Justicia al Derecho y Human Rights International documentaron con nombres y fotos los casos de los jóvenes que han desparecido en la troncal a la costa Atlántica en el Bajo Cauca entre el 2020 y lo que va del 2022. En esa subregión han desaparecido 33 jóvenes entre los 15 y 31 años de edad, de los cuales no se tiene ningún rastro.
El informe indica que el grupo criminal “Los Caparros” son los que más denuncias tienen por este delito, pero también están involucrados el Clan del Golfo y ELN. La situación más compleja se vive en el municipio de Cáceres, lugar que denominaron el ‘Triángulo de los Bermudas de la desaparición y el reclutamiento forzado’, solo allí hay un registro de 15 víctimas.
“Familias que han estado buscando a su hijos nos dicen que la gran mayoría de los casos han ocurrido en el corregimiento de Jardín en Cáceres, o sea, que las autoridades y las comunidades conocen esto y realmente no se ha hecho una atención rápida de control de prevención frente a este problema”, aseguró Carlos Arcila defensor de derechos humanos en Antioquia.
La mayoría de los casos son muchachos que viajan como polizones en camiones que pasan por la zona, además, la mayoría de víctimas no son de la subregión y solo estaban de tránsito.
“Aprovechan los grupos armados y reclutan a los jóvenes para combatir y vincularlos al conflicto armado”, agregó.
Pero el subregistro es más alto, ya que muchas familias no denuncian por temor a represalias, pero tampoco pueden ir a la zona a buscar a sus seres queridos por amenazas directas.
“Muchas comunidades no se acercan a las autoridades por miedo y por amenazas de los mismos grupos porque ellos mismos llaman a las familias y les dicen que fueron reclutados y que no los busquen porque ya fueron asesinados”, aseguró.
Pero tampoco lo hace la fuerza pública, por lo menos es la advertencia que hace el líder social.
“Las comunidades dicen que ni la policía ni el Gaula van a ese sector y estamos pidiendo a la fiscalía y al Gaula y la policía para que vayan a verificar si los muchachos están por esos sectores o qué está pasando”, indicó.
Carlos Arcila recalcó que la mayoría de las familias que denuncian no son reconocidas como víctimas, además, que la fiscalía tampoco les brinda acompañamiento ni asesoría en los casos denunciados.
Finalmente las organizaciones sociales le solicitan a la Defensoría, Policía, Fiscalía, gobernación y gobierno nacional para que asuman responsabilidades y traten de ubicar a los muchachos desaparecidos.