Laura Sampedro
La cárcel tendrá capacidad para 1.339 personas privadas de la libertad en el corregimiento de San Cristóbal.
La Alcaldía de Medellín anunció el inicio de la construcción de la Cárcel Metropolitana para Sindicados, una obra que busca dar solución al hacinamiento en estaciones de Policía, Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en el Establecimiento Penitenciario El Pedregal, en cumplimiento de fallos de la Corte Suprema y la Corte Constitucional.
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El proyecto, que representa una inversión estratégica de $675.000 millones, contará con capacidad para albergar a 1.339 personas privadas de la libertad, bajo un modelo que prioriza la dignidad y la resocialización. Para ello, la cárcel incluirá espacios de educación, salud, talleres productivos y programas de reintegración.
“Esta es una cárcel de las de mejores especificaciones, porque este es el mejor y el primer centro penitenciario definido por alianza público-privada (APP) en el país; además, con las mejores condiciones, donde lo construyen unos privados, se administra, pero se garantiza la calidad del servicio, la seguridad, el tema de los inhibidores de señal. No es que la gente va a ir a las cárceles como sindicados a extorsionar como lo hacen desde diferentes cárceles o a seguir cometiendo delitos”, indicó el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga.
Detalles del proyecto e impacto
El problema de hacinamiento carcelario en el Valle de Aburrá es crítico: el hacinamiento en las estaciones de Policía supera el 180 %. Aunque estas instalaciones tienen capacidad para 778 personas privadas de la libertad, actualmente albergan a más de 2.000, pese a no estar habilitadas para este fin. La situación se refleja en casos como la estación Candelaria, con capacidad para 75 personas y hoy con 309; la Sijín, con capacidad para 20 y hoy con 278; y Laureles, donde caben 30 y actualmente permanecen más de 106.
Ante esto, el propósito de la nueva cárcel para sindicados es descongestionar el sistema y tener condiciones óptimas para los privados de la libertad en Medellín.
Durante su fase de construcción, se proyecta la generación de hasta 500 empleos locales y una compensación social de $1.000 millones para el corregimiento de San Cristóbal, donde se levanta la obra.
En materia ambiental, el proyecto cuenta con aprobación de Corantioquia, que autorizó una tala controlada y estableció medidas de compensación ecológica en 15,75 hectáreas, además de planes de rescate de fauna y flora en la zona intervenida.
El modelo de seguridad integral previsto combina tecnología, gestión social y presencia institucional permanente, con el fin de beneficiar a Medellín y sus corregimientos, en particular San Cristóbal.
De acuerdo con los reportes oficiales, a agosto de 2025 la obra registra un 2,58 % de avance técnico, con proyección de entrar en operación en el primer trimestre de 2027.