ECUADOR:
DERECHOS: El Gobierno busca reducir el embarazo en niñas y adolescentes mediante un plan hasta 2035.
Desigualdad, falta de oportunidades y machismo son algunas de las causas que perpetúan los embarazos en niñas y adolescentes.
Educación sexual integral y uso de anticonceptivos son algunas de las propuestas que el Gobierno plantea para prevenir el embarazo en niñas y adolescentes de Ecuador. Según las autoridades, el plan establecido para 2026 se extenderá hasta 2035.
En Ecuador, hasta junio de 2025, las provincias con tasas más altas de embarazo en niñas y adolescentes pertenecen a la Amazonía y son Morona Santiago, Napo, Orellana y Sucumbíos.
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Esmeraldas aparece como la quinta provincia con mayor número de embarazos, siendo también una zona con alta pobreza e inseguridad, lo que aumenta la vulnerabilidad de las menores.
El plan denominado Política Intersectorial para el Abordaje Integral del Embarazo en Adolescentes establece causas como desigualdad socioeconómica y pobreza, violencia de género y relaciones de poder, acceso limitado a servicios de educación integral, salud sexual y reproductiva y machismo.
Desigualdad socioeconómica y pobreza
El primer punto detalla a la pobreza y la exclusión social como elementos que crean un ambiente de alta vulnerabilidad para adolescentes, limitando el acceso a recursos básicos, como la educación y los servicios de salud sexual y salud reproductiva.
Añade además, que la falta de oportunidades socioeconómicas intensifica y reproduce un ciclo de pobreza y exclusión, donde los embarazos de niñas y adolescentes se traducen en un incremento de dependencia y reducción de la autonomía económica de las chicas.
Violencia de género y relaciones de poder
De acuerdo con el Plan, la violencia de género es un determinante central en los embarazos de adolescentes. Según el estudio, dicha violencia se manifiesta en el ámbito doméstico, pero también en la sociedad, cuando las niñas y adolescentes están expuestas a abusos sexuales, explotación e incluso, en territorios rurales, a matrimonios forzados.
Esto llega a normalizar la subordinación y el control sobre las decisiones y el cuerpo de las adolescentes, naturalizando el abuso e incrementando su vulnerabilidad y embarazos.
Acceso limitado a servicios en salud sexual
Según el documento, en Ecuador se presentan brechas en el acceso a servicios de salud sexual y salud reproductiva por parte de la población adolescente, lo que limita el ejercicio de estos derechos.
Esta problemática estaría relacionada a brechas intergeneracionales, interculturales y de otras como nacionalidad o estatus migratorio, incluso de tipo geográfico y económico, lo que profundiza la desigualdad en la atención.
Las posibles soluciones
Sobre la base de estas y otras causas, el Gobierno estableció cinco ejes, cuyo objetivo es centrarse en acciones relacionadas a la educación, salud, protección social y sociocultural:
Educación: Implementación curricular de la Educación Integral en Sexualidad y estrategias de retención escolar, garantizando que la maternidad no excluya a las adolescentes del sistema educativo.
Salud: Fortalecimiento de los Servicios Amigables, educación sobre anticonceptivos, con énfasis en métodos de larga duración y acceso efectivo a servicios de salud sexual y reproductiva.
Transformación sociocultural: Despliegue del programa “Aprendiendo en Familia”, para trabajar con hogares y cuidadores en la prevención y el acompañamiento integral.
Protección integral: Rutas claras de derivación, atención especializada para víctimas de violencia sexual y mecanismos que eviten la revictimización.
Sostenibilidad: Blindaje financiero y normativo para garantizar continuidad durante 10 años, independientemente del ciclo político.
El Gobierno acompañará los casos de aborto
En el documento no se deja por fuera el tema del aborto, de hecho asegura que existirán servicios de interrupción voluntaria del embarazo para adolescentes. Dichos servicios “estarán disponibles y operativos, contarán además, con personal sensibilizado y capacitado y rutas de derivación conocidas y disponibles”, indica.
Según el Gobierno, se fortalecerá la implementación normativa vigente, es decir, la sentencia emitida por la Corte Constitucional en abril de 2021, para la interrupción voluntaria del embarazo de adolescentes a través de procesos continuos de capacitación y monitoreo.
La decisión de la Corte, actualmente, permite la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas (ampliable a 18 semanas para menores de edad y habitantes de comunidades rurales) por violación. También se permite por riesgo vital o de salud de la mujer y discapacidad mental.
¿Qué dicen los datos?
Según información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), entre 2018 y 2024, en el país se redujo la Tasa Específica de Fecundidad en adolescentes de 15 a 19 años, que pasó de 70.4 a 39.5.
Sin embargo, y de acuerdo con la misma institución, en Ecuador aún ocurren cuatro partos diarios en niñas menores de 14 años y 84 de adolescentes de entre 15 y 19 años. (ECA)
