ECUADOR:
El Gobierno de Daniel Noboa ya hizo la tarea que el FMI pedía: eliminar los subsidios más distorsivos y regresivos, como los de las gasolinas y el diésel.
Pero el subsidio al gas de uso doméstico, que beneficia sobre todo a los hogares más pobres, no está incluido en el acuerdo de financiamiento ni figura en los planes de ajuste hasta 2028. Lo único que se podría revisar es el subsidio al GLP que usan taxis dentro del sector automotriz.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha sido claro desde que arrancó el programa de financiamiento con Ecuador: los subsidios a los combustibles deben reformarse, pero con prioridad en aquellos que más distorsionan la economía y benefician a los sectores de mayores ingresos.
TOMADA DE: https://www.lahora.com.ec/
Esa recomendación se tradujo en hechos. Desde 2024, el Gobierno de Daniel Noboa desmontó los subsidios a las gasolinas extra y ecopaís, y en septiembre de 2025 hizo lo mismo con el subsidio al diésel, una medida registrada por el propio FMI como un avance clave dentro de la consolidación fiscal.
El informe técnico del FMI, publicado el 29 de octubre de 2025 tras la tercera revisión del programa, recoge textualmente estas acciones y celebra su impacto en el equilibrio de las finanzas públicas. “En septiembre de 2025 alineamos los precios del diésel con los internacionales, tras haber eliminado subsidios sectoriales y ajustado las gasolinas de bajo octanaje”, señala el documento oficial.
Pero el mismo informe no incluye ninguna instrucción, meta ni recomendación para eliminar o reducir el subsidio al gas de uso doméstico (GLP). El FMI solo pide transparencia, es decir, que el Gobierno reporte cada mes el gasto total en subsidios dentro del cálculo del déficit no petrolero (non-oil primary balance). En otras palabras, el GLP aparece como un rubro a contabilizar, no como un subsidio a desmontar.
Gas de uso doméstico : un subsidio caro, pero socialmente clave
El subsidio al gas doméstico representa un gasto alto para el Estado, entre $700 y $870 millones anuales, pero también tiene un fuerte impacto social positivo, sobre todo en zonas rurales y en los hogares de bajos ingresos que dependen de ese combustible para cocinar o calentar agua.
Por esa razón, los técnicos del FMI y el propio Gobierno coinciden en que su eliminación tendría un costo político y económico demasiado alto. A diferencia de las gasolinas y el diésel, que beneficiaban proporcionalmente más a sectores de mayores ingresos y a actividades con efectos regresivos, como el contrabando e incluso actividades vinculadas al narcotráfico, el GLP tiene una cobertura social que lo vuelve prácticamente intocable dentro del actual programa de financiamiento con el FMI.
En palabras del Fondo, la estrategia es “reformar los subsidios más distorsivos y fortalecer los mecanismos de protección social”. Por eso, el subsidio al gas doméstico no figura entre las reformas estructurales ni los compromisos fiscales incluidos en el acuerdo vigente hasta 2028.
El Gobierno no evalúa eliminar el subsidio al gas doméstico: la revisión apuntaría al GLP que usan los taxis
Una pregunta técnica sobre el subsidio al gas licuado de petróleo (GLP) que utilizan los taxis desató una confusión pública que llevó a muchos a creer que el Gobierno de Noboa estaría pensando en eliminar el subsidio al gas de uso doméstico, algo que no ha sido planteado en ningún momento.
El episodio ocurrió durante una rueda de prensa del pasado 5 de noviembre de 2025, cuando Alberto Araujo, periodista de la agencia Argus, consultó a la vocera presidencial Carolina Jaramillo sobre un punto específico del anexo de subsidios de la proforma presupuestaria 2026.
Araujo le recordó que el documento contempla una reducción de subsidios en el sector automotriz y le preguntó si, dentro de esa revisión, el Gobierno estaba considerando ajustar el subsidio al GLP utilizado por taxis, especialmente en la Costa, donde su uso ha crecido de forma acelerada.
“En el sector automotriz se consume GLP para taxis, sobre todo en la Costa y algunos carritos que también se han colado por ahí”, planteó el periodista. “Entonces, si es que para 2026 ya no se contemplan subsidios para el sector automotriz en cuanto a combustibles, ¿se estaría entonces para el próximo año revisando el GLP para taxis? ¿Se quitaría ese subsidio?”, preguntó Araujo de manera directa.
La respuesta de Jaramillo estaba dirigida a esa pregunta específica sobre el subsidio del GLP automotriz, aunque posteriormente fue citada fuera de contexto en varios medios y redes sociales:
“Todas las decisiones financieras o económicas que tome el Gobierno Nacional no solo pasan por un análisis técnico y numérico”, respondió. “También contemplan el impacto social que estas medidas puedan tener. En ese sentido, no puedo adelantarme a decirte que esta es una decisión que se tomará, porque no es verdad.
De momento, como ya lo dijo el presidente hace algunos días, las decisiones más duras ya se han tomado. La proforma presupuestaria para el siguiente año tiene un importante incremento para cubrir los bonos de servicios sociales y una prioridad especial en salud y educación. Así que no, no hay de momento una decisión respecto del subsidio al gas”.
En otras palabras, Jaramillo respondía sobre el GLP automotriz y sin ninguna relación con el subsidio al gas de uso doméstico.
Entre 2022 y 2025, el consumo de GLP vehicular ha crecido un 85%, pasando de 309.000 a 572.000 barriles, mientras que la demanda de gasolina ecopaís ha caído un 3%, según Oswaldo Erazo, secretario ejecutivo de la Cámara Nacional de Distribuidores de Derivados del Petróleo (Camddepe).
El problema es que el subsidio al GLP automotriz asciende a $0,577 por kilo, con creciente costo para el fisco.
El Decreto Ejecutivo 488 de diciembre de 2024 eliminó las restricciones impuestas por el Decreto 308 al uso de GLP en taxis y permitió ampliar la infraestructura y atraer inversión privada. Actualmente, entre 18.000 y 20.000 de los 80.000 taxis formales del país usan este combustible. Convertir un vehículo cuesta unos $800, una inversión que muchos consideran rentable frente a la gasolina.
El efecto fiscal es evidente: si se compara con 2017, el consumo de GLP para taxis pasó de 82.000 a más de 770.000 barriles estimados para 2025. Ese crecimiento implica decenas de millones de dólares adicionales en subsidios para un combustible originalmente pensado para uso doméstico.
Ecuador avanza en el ajuste con orden fiscal y equilibrio social
La tercera revisión del acuerdo con el FMI dibuja una economía ecuatoriana que, pese a la fragilidad externa y la presión del gasto, ha logrado estabilizar sus cuentas y recuperar espacio fiscal. El informe técnico destaca una mejora sostenida en los ingresos no petroleros, resultado de reformas tributarias, mejor administración fiscal y control del gasto corriente, así como una gestión más prudente del presupuesto que permitió reducir atrasos y acumular depósitos en el Banco Central.
El Fondo reconoce avances claros en la política económica del Gobierno de Noboa: el cumplimiento de metas fiscales, la aplicación de medidas de austeridad graduales y el compromiso de mantener la protección social mientras se ordenan las finanzas públicas. No obstante, advierte que el reto está lejos de concluir: Ecuador debe convertir las medidas temporales en políticas permanentes y consolidar los logros alcanzados sin perder estabilidad política ni apoyo social.
Para 2026, el FMI marca una hoja de ruta precisa. El país deberá mantener el aumento de la recaudación tributaria con reformas sostenibles, fortalecer la transparencia y la gobernanza, en especial en empresas públicas estratégicas como Petroecuador, y seguir reduciendo riesgos fiscales mediante una planificación presupuestaria más rigurosa.
También insiste en preservar el gasto social y racionalizar los subsidios solo cuando existan mecanismos de compensación efectivos que protejan a los hogares vulnerables. No hay ninguna disposición sobre el gas de uso doméstico porque el FMI lo considera un subsidio con “gran impacto social y redistributivo”
Esa línea de acción, reducir subsidios regresivos y mantener los que tienen mayor impacto social, define el núcleo del programa con el FMI.
En su informe de octubre de 2025, el multilateral subraya que las reformas deben mantenerse “con criterio social, no con tijera ciega”. Por eso, el mensaje final es tan claro como político: el subsidio al gas doméstico no está en discusión, ni en el acuerdo con el FMI, ni en el plan económico del Gobierno. (JS)
