ECUADOR:
Pacífica, así será la marcha de hoy, según anunció el presidente Daniel Noboa. Pero más allá de la forma, lo que capta la atención son las intenciones de esa medida, cuando hay una pugna con la Corte Constitucional.
¿Cómo se desarrollará la marcha? Es lo que observarán algunos sectores de la sociedad civil para alertar si el presidente Daniel Noboa hace mal uso de recursos públicos en la movilización convocada para este 12 de agosto de 2025.
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Carolina Jaramillo, vocera del Gobierno Nacional, indicó que la marcha se realizará a las 11:00 y partirá desde el puente del Guambra, ubicado sobre las avenidas 10 de Agosto y Patria, en Quito, hacia la Corte Constitucional (CC).
Sin embargo, no confirmó si se entregará algún recurso para solicitar la revocatoria de la suspensión provisional de algunas leyes, que resolvió anteriormente la CC; o si se presentarán las preguntas de la consulta popular.
“No podemos permitir que nueve personas entronadas, que ni siquiera quieren aparecer en foto, vengan y nos tiren abajo las leyes que pueden dar seguridad a cada uno de ustedes (…). Marcharemos hacia la CC para hacer sentir el verdadero poder del pueblo”, advirtió Noboa el 6 de agosto de 2025, en referencia a los jueces constitucionales. Desde ese día aprovechó las actividades de su agenda para reiterar el llamado a esta marcha.
Algunas voces consultadas por LA HORA evalúan los últimos episodios de la relación entre el Gobierno y la CC, para descifrar qué más hay en el fondo de esta convocatoria.
Respaldo a la medida de Noboa
Inés Alarcón, asambleísta de Acción Democrática Nacional (ADN) y presidenta de la Comisión de Seguridad de la Asamblea, expone la postura de la bancada frente a la CC y la marcha.
“La CC, sin mayor argumento, ha suspendido artículos clave de leyes (Ley de Solidaridad Nacional, de Inteligencia, de Integridad Pública) que le daban al Estado herramientas para proteger a los ecuatorianos. Esos artículos permitían a nuestras fuerzas del orden enfrentar con contundencia al crimen organizado y a las mafias. Los jueces deben tomar decisiones que estén acorde a la realidad compleja de inseguridad y violencia en la que vivimos”, expresó la legisladora.
La Ley de Inteligencia fue tramitada en esta Comisión y entró en vigencia. Pero el 4 de agosto la Sala de Admisión de la CC aceptó las medidas cautelares solicitadas respecto de algunos artículos de esta Ley y de su Reglamento.
“Nosotros seguiremos trabajando siempre por los ecuatorianos, por las leyes que el país necesita, siempre apegados a los preceptos constitucionales. Respaldamos la decisión del Presidente de la República de convocar a una marcha pacífica hacia la Corte Constitucional en rechazo a esta decisión”, ratificó Alarcón. Pero no especificó si los asambleístas de ADN participarán en la marcha.
La marcha, parte de una estrategia
Juan Rivadeneira, consultor político, observa que debido a la consulta popular habrá una inevitable polarización entre los detractores y partidarios de Noboa.
“Es importante en política no solamente la decisión, sino el proceso. Y tendremos un proceso. Van a haber algunas escaramuzas (disputas poco importantes) en el camino, como la que va a venir con la marcha convocada por el Presidente de la República, y una segunda escaramuza con la CC. En ese sentido, ese proceso va a llevar a otros momentos de inestabilidad”, menciona.
Sin embargo, señala que hay algo que ha quedado claro: “En política, si es que no hay enemigo, en ciertos momentos los actores lo construyen. Y en este caso, la propia ministra de Gobierno (Zaida Rovira) se ha encargado de decir que la CC es el enemigo de los ciudadanos”.
Añade que en política los hechos no se dan por coincidencia, sino por consecuencia, que en este caso es por la suspensión provisional que resolvió la CC.
Al ser consultado sobre qué busca Noboa con la marcha, afirmó: “Provocar un acto de fuerza. Lo de fondo es dar cuenta que el Gobierno está mostrando una nueva faceta, porque hubo mucha crítica de que solamente estaba en las redes sociales. Ahora tendremos un Gobierno en las calles. Eso significa ocupar un espacio que en política es muy importante. El Gobierno quiere demostrar una capacidad de convocatoria, que la ha demostrado en las redes con su influencia. Lo cierto es que esto es parte de una estrategia política de avanzar a un punto de vista que es la consulta popular. El Gobierno busca que haya un examen, un control político a los jueces de la CC”.
Hay una parte central de esa estrategia, dice el experto, y es que Noboa “está creando una nueva mesa de conversación y ahí está la capacidad de mover la agenda, de plantear la agenda”. Sobre todo porque hay una oposición con problemas internos: “La Revolución Ciudadana no ha tenido capacidad de respuesta y ha mostrado una debilidad muy grande, una capacidad de dividirse profundamente, lo cual da cuenta que el presidente con el oficialismo juegan solos en la cancha de la política”.
Sobre la posibilidad de que el Gobierno entregue este 12 de agosto de 2025 algún recurso o las preguntas de la consulta, no hay certezas, pero Rivadeneira enfatiza en los plazos: “Por los tiempos, lleva a pensar que esto tiene que moverse más rápido porque ya estamos a mediados de agosto y la consulta en principio busca desarrollarse en diciembre o fines de noviembre”.
¿Un distractor de la ineficiencia?
La abogada Annabell Guerrero, exvicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, resume las últimas medidas del Gobierno, como las desvinculaciones, la fusión de ministerios y la promulgación de las leyes cuestionadas, para catalogar que “nos enfrentamos a un régimen que bajo el discurso de eficiencia y de lucha contra el crimen organizado está profundizando políticas de ajuste que se dan a costa de derechos sociales”.
Considera que la CC ha actuado dentro del marco democrático y que la intención de Noboa tiene algunas aristas: “Busca solidificar esta idea de que la CC es el enemigo, que debe resolver en función de lo que él (Noboa) ha definido que tiene que estar plasmado en esas leyes, a pesar de que vayan en contra de la Constitución”.
Por otro lado, añade que el hecho de lanzar la consulta popular y la marcha tienen un fin distractor. “No olvidemos que en el país se estaba hablando de la crisis de los hospitales, de la salud, hay masacres muy seguido, no hay cambios en el tema de inseguridad, temas de corrupción, de ineficiencia, el caso Progen donde se habla de un perjuicio (…). Son temas que ya se estaban instalando en la conversación de la gente y eso es algo que el Gobierno no se puede permitir. Es muy hábil para tenernos conversando de otros temas”.
Además, cree que Noboa podría sumar personas en la marcha, pero no necesariamente por convicción: “Es muy probable que los actuales servidores públicos tengan mucho miedo y se vean obligados a salir a la marcha, que se utilice la infraestructura pública, que se utilice la pobreza de la gente, porque generalmente ha ocurrido que se ofrece $10 o $20 para acudir desde provincias, desde sectores populares a Quito y apoyar un despropósito del Presidente, que es totalmente antidemocrático”.
En lugar de hacer una marcha en contra de las resoluciones de la CC, Noboa debería, a través de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, argumentar en derecho, sugiere Guerrero. Pero estima que ya “hay un avance acelerado de concentración de poder por parte del Presidente”.
Piden actuar a la Contraloría
Geovanni Atarihuana, director nacional de Unidad Popular (UP), se adelantó a la marcha y acudió a la Contraloría General del Estado, el 7 de agosto, junto a la Unión Nacional de Educadores.
“Hemos ido a la Contraloría a solicitar un control previo para la Presidencia de la República, los Ministerios, las empresas públicas a nivel nacional y todas las Gobernaciones para que no se utilicen recursos públicos en una actividad política por parte del Presidente. Se trata de que no haya ni recursos, ni vehículos que financien esta actividad que no tiene nada que ver con el Gobierno. Si se llega a comprobar que se utilizan esos fondos habría peculado y pediremos un examen de la Contraloría para cualquier acción legal posterior”, expresa el dirigente.
Espera que la Contraloría “no se haga de la vista gorda, que verifique en las Gobernaciones, en las direcciones provinciales, que no estén financiando buses, no obliguen a los servidores públicos” a participar en la marcha. Si encuentra una utilización de recursos, aspira que la Contraloría actúe. “Si no lo hace será cómplice de esta utilización de fondos públicos”.
Sin embargo, la Contraloría indicó que en sus competencias no está realizar un control previo sino un control posterior.
“El Gobierno está convocando una contramarcha, lo cual es propio de los regímenes autoritarios”, cuestiona Atarihuana, al señalar que es una reacción a las movilizaciones que las organizaciones sociales realizaron anteriormente en contra de las leyes promulgadas.
Para el dirigente, el mandatario quiere concentrar el poder. “El presidente Noboa quiere utilizar todo el aparataje del Estado para movilizar, seguramente con gente pagada, con funcionarios públicos, para presionar a la CC, pero creo que el Presidente se va a golpear con la realidad. El pueblo reclama soluciones, no está de acuerdo con ningún aprendiz de dictador”, evalúa.
Guerrero coincide en que debe haber un control sobre si se usan recursos públicos en la marcha de Noboa.
Duda que el mandatario pueda sostener una movilización más allá de un día, contrario a lo que podrían hacer los sectores sociales, sobre todo si ocurren apagones.
Se adelantó que UP no saldrá a las calles este 12 de agosto, pero observarán la marcha de Noboa, advirtiendo que el calendario de movilizaciones se definirá el 16 de agosto en la convención nacional del Frente Unitario de Trabajadores. (KSQ)