La Cancillería denunció que Ecuador inició un proceso “unilateral” con los presos colombianos y que no tuvo en cuenta las recomendaciones hechas por el Gobierno de Gustavo Petro.
El Gobierno de Colombia expresó su rechazo frente a la decisión de Ecuador de iniciar, de forma unilateral, la deportación de ciudadanos colombianos desde ese país, según la Cancillería, sin un protocolo que permitiera “el traslado de estas personas en condiciones dignas”.
A través de un comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores denunció que las autoridades ecuatorianas comenzaron con las deportaciones masivas de nacionales, pese a las “respetuosas y reiteradas solicitudes” del gobierno de Gustavo Petro para establecer un protocolo que permitiera garantizar el “respeto de sus derechos, y en un proceso seguro y ordenado” durante los traslados de los reos.
“Lamentablemente, las autoridades ecuatorianas han decidido dar inicio al proceso sin que se hubiera diseñado el protocolo, impidiendo la plena identificación de los ciudadanos deportados, la verificación de su situación jurídica, e incumpliendo así las más básicas nociones del Derecho Internacional, que prohíben las deportaciones masivas”, indicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.
El Gobierno colombiano calificó esta actuación como un “gesto inamistoso” por parte de Quito y afirmó que ya se han activado los canales diplomáticos para manifestar su inconformidad.
La deportación de connacionales había sido anunciada días atrás por la Cancillería sobre su intención de deportar a varios ciudadanos colombianos (aproximadamente 1.500) que actualmente se encuentran recluidos en cárceles de Ecuador. Los delitos son varios: desde hurto hasta narcotráfico y homicidio.
Similar a lo sucedido en la crisis con Estados Unidos, cuando el presidente Gustavo Petro rechazó vuelos militares con migrantes deportados, alegando que violaban la dignidad de los connacionales, desatando represalias inmediatas por parte de Washington, el Gobierno señaló que se encuentra evaluando las acciones pertinentes para atender el caso con Ecuador y “evitar que se sigan cometiendo arbitrariedades en contra de nacionales colombianos”.